La Audiencia de Sevilla ha retomado este lunes el juicio a la pieza política de la macrocausa de los ERE, en la que están acusados 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán entre ellos, por las irregularidades en el reparto de las ayudas sociolaborales. Tras la exposición de las cuestiones previas por parte de las defensas, este lunes es el turno de la respuesta de cada parte a dichas cuestiones. Las defensas de los acusados se han mostrado contrarias a la petición del fiscal para la «delimitación objetiva» del procedimiento.
La Fiscalía y las defensas de los acusados han mostrado su oposición a citar a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, como testigo en el juicio, como solicitó el PP andaluz, que afirma que contaba con un «amplio conocimiento» de los hechos según se desprende de sus «comparecencias públicas», recordando que bajo el mandato de Díaz como consejera de Presidencia e Igualdad se promulgó un decreto paa convalidad las ayudas extraordinarias para la prejubilación de trabajadores. Pablo Jiménez, abogado del expresidente Manuel Chaves, ha declarado que «no se dan los requisitos» para que Díaz sea citada, una tesis a la que se han adherido el resto de las defensas.
La Fiscalía ha solicitado al Tribunal un «pronunciamiento expreso sobre la delimitación objetiva» del procedimiento, a fin de que no se produjeran «duplicidades», «indefensiones» o una potencial «nulidad» del mismo, una petición a la que se han opuesto las defensas.
El Ministerio Público apoyaba su petición recordando que anteriormente el Juzgado de Instrucción número seis, ya entonces con la jueza Núñez, decidió separar la macrocausa del reparto de las ayudas en seis piezas, una para el procedimiento específico por el que se dirigían fondos autonómicos hacia las subvenciones y ayudas, el que se está juzgando. La Fiscalía avisaba de que respecto a las otras piezas, cuatro tenían un auto de procedimiento abreviado, de las que únicamente tres estaban preparadas para dar inicio a las vista oral. «Esta causa no debe verse influenciada por resoluciones de otras diligencias», ha advertido el fiscal, ya que en caso de que la sala llegase a sentirse «vinculada» al recorrido de otras piezas separadas, habrían de «incorporarse» al juicio de esta las pruebas testificales o documentales de las piezas concernientes a las ayudas individuales concedidas, que ascenderían a 270.
Los acusados se oponen a una petición «extravagante» y afirman que «excede las facultades de la sala»
Las defensas de los acusados han expresado su oposición a la petición de la Fiscalía. Víctor Moreno, abogado de Carmen Martínez Aguayo, exonsejera de Hacienda y Administración Pública, el auto de procedimiento abreviado sobre la pieza ya determinaba el objeto del proceso, los hechos punibles y las personas» presuntamente responsables de los mismos, por lo que los tiempos para pedir esta «reinterpretación» del juicio ya habrían «precluido». Moreno ha declarado que «la Fiscalía es la principal responsable o coadyuvante» de la distribución de las piezas, al hacer referencia asimismo a que fue esta quien «reiteradamente» abogó por la división de la macrocausa en piezas separadas, por lo que esta cuenta con «sustantivación propia», según quedó su objeto «definido» en el auto de transformación en procedimiento abreviado. Además, ha defendido el letrado, la petición de la Fiscalía, que ha calificado de «sorprendente» y «una extravagancia o filibusterismo», produciría una «contaminación» del juicio por parte de «otros procesos» al incorporar pruebas de otras piezas, y en tanto que el auto de transformación ya delimitó el objeto de la causa, el propio Tribunal es «incompetente» para rehacer tal delimitación. «No se pueden cambiar las reglas cuando el juicio ya está abierto», ha argumentado.
También ha apuntado a la falta de competencias del Tribunal la defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el abogado Alfonso Martínez del Hoyo, pues la «entelequia» que ha propuesto la Fiscalía, ha afirmado, «excede las facultades de la sala» y supone que esta «desoiga» el auto del procedimiento abreviado. Martínez del Hoyo ha propuesto en su lugar que las acusaciones renuncien al delito de malversación al que se acusa a parte de lo ex altos cargos, y se reduzca el juicio al delito de prevaricación, propuesta a la que se ha adherido la defensa de José Antonio Viera, ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Rafael Alcácer, abogado de Magdalena Álvarez, también ha afirmado que la sala no es «competente» para esta reinterpretación de los hechos elevados a juicio.
El abogado de Manuel Chaves, Pablo Jiménez, negaba que la petición del Ministerio Público fuese siquiera una «verdadera cuestión previa», oponiéndose a demás a la inclusión de nuevos testigos, al considerar que esto debía de haberse hecho en el escrito de acusación.
Por su parte,José María Mohedano, letrado del expresidente José Antonio Griñán y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, ha argumentado también que el juicio ha «superado» ya «la fase donde se delimita el objeto».