Magdalena Álvarez, exministra y exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, y uno de los 22 acusados en el juicio a la pieza política de los ERE, ha solicitado que se excluya del mismo la acusación de asociación ilícita que formuló el Partido Popular, personado como acusación popular en el juicio, que fue aceptada por el juez instructor del caso Álvaro Martín. La defensa de Álvarez alega que ha vulnerado los derechos fundamentales de los acusados. La defensa del exvicepresidente Gaspar Zarrías ha secundado esta petición. Con la sesión del miércoles llegan a su fin la exposición de las cuestiones previas del juicio por parte de las acusaciones y defensas.
La acusación de este delito fue presentada únicamente por el PP, ya que la Fiscalía Anticorrupción solo vio en las acciones de los acusados los delitos de malversación y prevaricación en el reparto de las ayudas sociolaborales vinculadas a los ERE. El letrado de Álvarez, Rafael Alcácer, se ha referido a la acusación de asociación ilícita como «sorpresiva», puesto que nunca se mencionó durante la instrucción, y añadió que vulneraba los derechos fundamentales de los acusados, que tienen derecho a conocer de qué se les acusa antes de que dé comienzo el juicio. «Nadie puede ser acusado en juicio sin haber sido oído por el juez instructor”, ha declarado el abogado. “Si no se mencionó durante las diligencias previas, si no hubo prueba presentada, si no fueron preguntados los acusados ni fueron informados de esta acusación y tampoco en el auto de transformación en procedimiento abreviado, es indudable que el PP no puede incluir dicho delito en su acusación”.
A esta petición de excluir el delito de asociación ilícita se ha sumado la defensa de Gaspar Zarrías, Gonzalo Martínez Fresneda, que ha acusado al Partido Popular de «politizar» el juicio con un interés «extraprocesal» “¿Cabe mayor sorpresa y mayor atentado contra el derecho fundamental a conocer la acusación para los procesados que este cambio? Al PP le interesa, pero es un interés extraprocesal porque quiere politizar este juicio, al igual que algunos testigos de ayer. Esta acusación no tiene ninguna justificación procesal”.
El abogado de Zarrías también ha apoyado la cuestión previa de la sesión del martes de Griñán, sobre la instrucción del juez Álvaro Martín y su llegada al caso, acordada con la magistrada Núñez Bolaños. “El documento de esta brusca irrupción [del instructor Martín] es inquietante ya que no hubo una causa objetiva”, ha añadido.