CSIF habla de «mero blanqueo de normas»
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará mañana el polémico Decreto que finalmente será tramitado como proyecto de Ley.
Sevilla Actualidad. El Decreto de reordenación del sector público andaluz, el por algunos colectivos llamado ‘decretazo’, se tramitará como proyecto de Ley. Y será aprobado mañana en Consejo de Gobierno. Así lo acaba de anunciar la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.
De la decisión se desprende la intención de la Junta de Andalucía de incorporar las consideraciones realizadas por los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UTG, en la Mesa General de la Función Pública celebrada la pasada semana y de la que se levantó el sindicato CSIF por discrepancias en las formas y en el fondo de la convocatoria.
La consejera ha mantenido esta mañana una reunión de trabajo en la sede de la Presidencia, en el Palacio de san Telmo, con Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, secretarios regionales de CCOO y UGT respectivamente.
Tras su aprobación mañana en Consejo de Gobierno, el texto será remitido al Parlamento, que comenzará su tramitación.
Martínez Aguayo habla de “luz y taquígrafos”
Martínez Aguayo ha subrayado que el nuevo Decreto-Ley estará abierto a un debate propio, lo que permitirá «con luz y taquígrafos, poner blanco sobre negro» en la posición de cada grupo y desterrar las «falsedades» interpretativas que se están produciendo en torno al mismo.
«El decreto no va a privatizar el sector público», ha subrayado, al tiempo que ha recordado la tendencia existente en el contexto nacional y europeo para ejecutar la reordenación de la Administración, una reorganización en la que Andalucía apuesta por la «Administración pública y el empleo público».
A juicio de la consejera, el debate posibilitará «desenmascarar» la «manipulación» a la que está siendo sometido el texto para la reordenación del sector público, así como permitir a los partidos con representación parlamentaria exponer su posición a través de enmiendas.
Aunque ha recordado que los plazos los marcará el Parlamento, la titular de Hacienda y Administración Pública ha informado de que el Decreto se tramitará por vía de urgencia, y ha precisado que entrará en vigor desde el momento de su aprobación por el Consejo de Gobierno.
Para los sindicatos es el «mejor procedimiento»
Los dirigentes de UGT-A y CCOO-A se han mostrado satisfechos con la decisión adoptada. Así, para el líder regional de UGT “desde la finalización de la celebración de la Mesa de negociación (…) hemos seguido trabajando con el Gobierno, con la consejera de Hacienda, para acordar el mejor procedimiento para la modificación del Decreto-ley, a raíz de los acuerdos ultimados en dicha mesa. Es evidente”, reconoce Pastrana, “que se cometieron errores por parte del Gobierno al inicio, pero es verdad que tras la huelga general el Gobierno manifestó su predisposición para negociar con UGT y CCOO las modificaciones de aquellas cuestiones que no compartíamos”.
Manuel Pastrana ha declarado que “el proceso formal pasaba por llevarlo a la mesa general, que es la que afecta a toda la Administración, compuesta por UGT, CCOO y CSIF. (…) Le hemos planteado al Gobierno que el mejor procedimiento era modificar el anterior decreto y elegir un procedimiento en el que el Parlamento permitiera el debate de todo el mundo. UGT nunca ha pretendido evitar el debate con nadie, este trámite parlamentario permitirá que comparezcan los partidos políticos y aquellas organizaciones sindicales que sean invitados por los grupos parlamentarios para hacer sus aportaciones o hacer sus enmiendas”.
Por su parte, según el líder de CCOO-A, esta reunión con todos los grupos permitirá a cada uno pronunciarse sobre su modelo para el «futuro» de la comunidad. Carbonero ha reclamado también que el debate en el Parlamento no se desvíe hacia la «gestión de lo público» y ha hecho un llamamiento a las distintas organizaciones para evitar exclusiones y trabajar en conjunto.