Manuel Gómez asegura que «alertó» de las irregularidades en la concesión de ayudas. El juicio queda aplazado hasta el 9 de enero.
El exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de cárcel por los delitos de prevaricación y malversación, ha defendido en la tercera sesión del juicio a la pieza política de los ERE que relaizó «numerosos informes» para «alertar» de las irregularidades en la concesión de ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía. En su escrito de defensa, que ha leído en la Audiencia Provincial de Sevilla su abogado José Rebollo, Gómez alega que «no omitió actuación debida alguna», contradiciendo así la versión que ayer expusieron los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en la que apuntaban que no habían ido debidamente informados por Gómez de las irregularidades administrativas. Gómez es uno de los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía que está acusado en el caso de los ERE, cuyo juicio queda aplazado hasta el próximo 9 de enero.
Según el escrito de la defensa, Gómez “plasmó en los correspondientes informes las irregularidades detectadas en el sistema de adjudicación de ayudas y los remitió a quienes tenían competencia y poder decisorio para adoptar las medidas oportunas y poner fin a dichas irregularidades”, y «no omitió, en el cumplimiento de sus funciones como interventor, acción alguna impuesta por ley”.
Después de que Chaves y Griñán mantuvieran un enfrentamiento con el exinterventor por las declaraciones de los expresidentes como imputados ante el Tribunal Supremo, a cuyas declaraciones se refirió como «indignas», y tras la sesión del pasado jueves en la que las defensas de los expresidentes alegaron que no habían sido informados de las irregularidades, el abogado de José Antonio griñán ha aclarado que la defensa nunca ha querido culpabilizar a Gómez.
Mientras, el abogado de Javier Aguado, exsecretario general técnico de la Consejería de Empleo, hizo hincapié en que la acusación principal del juicio, el supuesto concierto de los acusados para facilitar información sesgada al Parlamento andaluz año tras año sobre la partida 31L, «roza lo absurdo». «[Los diputados] no fueron inducidos a error y conocían perfectamente lo que hacían», ha añadido.
El abogado de Javier Aguado, el exsecretario general técnico de la Consejería de Empleo, ha declarado que la acusación de que los acusados se organizaron para remitir información interesada al Parlamento y conseguir la aprobación de la partida de las ayudad «roza lo absurdo».
El juicio queda aplazado hasta el próximo 9 de enero después de haberse procedido a la lectura de los escritos de acusación y parte de la defensa, de manera que el juicio seguirá abordando las cuestiones previas pasado el parón navideño.
Alaya dice tener una ‘incertidumbre fea’ sobre la sentencia
La que fuera primera jueza instructora del caso Mercedes Alaya declaró anoche en una conferencia en la Ciudad de la Justicia de Valencia que la sentencia que pueda dictar la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia andaluz le genera «una incertidumbre fea». «Como instructora del caso, mis sensaciones son buenas, lógicamente. Luego, la sentencia que se dicte pasará a la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, teniendo en cuenta que un tercio de sus miembros ha sido elegido por el Parlamento autonómico y el presidente del Tribunal, al que tengo todos mis respetos, también es un cargo discrecional», afirmó en la conferencia ‘Independencia judicial’ organizada por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial «Esa apariencia, aunque sean los mejores profesionales del mundo, es lo que nos quita el sueño a muchos, nos genera una sensación de incertidumbre fea que no querríamos tener».