El Tribunal Constitucional/ Wikimedia Commons

El Tribunal Constitucional anula definitivamente los decretos de la Junta que fijaban en 35 horas la jornada semanal de los funcionarios tras la suspensión cautelar en junio.

El Tribunal Constitucional ha anulado la jornada laboral de 35 horas semanales para funcionarios que la Junta de Andalucía anunció a principios de año dando así la razón al gobierno central en una sentencia que ha trascendido este viernes. El Tribunal considera que la medida, de la que se beneficiarían 270.000 funcionarios, escapa a las competencias del gobierno autonómico y encuentra inconstitucional el decreto por el que se acortaba la jornada de los trabajadores.

En la sentencia, el Tribunal considera que la medida contravino las normas «dictadas por el Estado en el ejercicio de su competencia para regular el régimen jurídico de las Administraciones públicas «, y que la aplicación de la misma vulnera la Ley de Presupuestos del Estado de 2013, que establecía una jornada semanal para los funcionarios de 37 horas y media.

El Constitucional cierra así el pleito entre Junta y Gobierno central sobre las horas semanales de los funcionarios en la comunidad, tras estimar los recursos de este último ante los decretos que fijaban en 35 horas la jornada de los trabajadores del sector público y permitían contratar personal cuando se necesitasen refuerzos. En julio, el Tribunal estimó estos recursos y suspendió cautelarmente la medida, cuya anulación ahora se confirma definitivamente. También anula el decreto que fijaba en 18 la jornada laboral de los docentes, avalando las 25 en educación infantil y primaria y 20 en secundaria que contempla el Gobierno central.

La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Santiago Martínez-Vares, cuenta con la discrepancia del magsitrado Valdés Dal-Ré, que considera que el Tribunal debía de haber declarado inconstitucional la disposición adicional septuagésimo primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio de los Presupuestos Generales para 2017. y el y el art. 3 del Real Decreto-ley 14/2012, donde se fija la jornada laboral del sector público en 37 horas y media y en 18 horas para el personal docente de la escuela pública y concertada.

La presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha anunciado en Twitter que su gobierno acatará la sentencia del Tribunal y «seguirá defendiendo a los empleados públicos», asegurando que trabajará con los sindicatos para que no se produzcan despidos ni alteraciones en la jornada:

SATSE considera que el fallo genera «incertidumbre y desestabilidad laboral»

El Sindicato de Enfermería de Andalucía (SATSE) ha lamentado en un comunicado la sentencia del Tribunal, ya que, » una vez más, serán los empleados públicos y los ciudadanos los que sufran las
consecuencias del enfrentamiento entre administraciones de distintos signos políticos». «Retornar a las 37 horas y media afectaría gravemente a los empleados públicos, muy especialmente a los profesionales sanitarios».

No obstante, el sindicato se refiere a la decisión del Constitucional como «previsible», atendiendo a los antecedentes en otras comunidades autónomas. «Como se preveía, ha quedado anulado por carecer de respaldo político ni sustento legal».  Con el fallo, denuncia, «vuelve a generarse incertidumbre y desestabilidad laboral a miles de profesionales», por lo que realiza un llamamiento a los gobiernos central y autonómico para que «se saque a la sanidad pública, y en especial a los profesionales que la hacen posible, de la confrontación política». SATSE exige a la Junta que «al margen de las consecuencias, ejerza su capacidad de autoorganización para respetar las condiciones laborales y el empleo generado».