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Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán/ SA

Los expresidentes niegan haber conocido el reparto fraudulento y aseguran no haber sido informados del mismo por el exintervento Manuel Gómez.

La segunda sesión del juicio a la pieza política de los ERE, que juzga a 22 ex altos cargos de la Junta por el sistema de ayudas fraudulentas, se ha desarrollado esta mañana en la Audiencia Provincial de Sevilla con la lectura de los escritos de calificación de las defensas. En ellos destacan los de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a cuyos letrados han desvinculado de los delitos. Los abogados han señalado al exinterventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, también acusado, al que culpan de no haberles informado del reparto irregular de las ayudas, que presuntamente costó 741 millones de euros al erario público.

Manuel Chaves, acusado de un delito de prevaricación, ha pedido en su escrito su absolución ya que, según su abogado Pablo Jiménez de Parga, «desconocía los procedimientos concretos por los que se canalizaban las ayudas», quedando esta función fuera de sus competencias como presidente. «Ni conoció ni pudo conocer las irregularidades de las ayudas sociolaborales» puesto que Gómez  «no le informó con ningún informe de actuación», ha alegado la defensa.

Por su parte, José María Mohedano, letrado defensor de José Antonio Griñán, para el que se piden seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha criticado los «errores garrafales» de los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación del Partido Popular, y ha insistido también en que Griñan tampoco recibió desde la Intervención los informes que debían alertar sobre las irregularidades en la concesión de las ayudas sociolaborales. Según la defensa, «todas las actuaciones del Consejo de Gobierno» al respecto se acometieron contando con informes favorables, y las modificaciones en el Presupuesto para poder pagarlas fueron aprobadas por el Parlamento.

Por su parte, Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda la Junta y exministra de Fomento, se ha desvinculado también de las ilegalidades asegurando también que las modificaciones presupuestarias que financiaron el supuesto ‘fondo de reptiles’ fueron aprobadas en sede parlamentaria «sin reparo alguno» y contando «con todos los requisitos legales».

La Fiscalía pide para los acusados diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, y atribuye a 15 de los acusados otro delito también continuado de malversación de caudales públicos. Ello se traduce según la petición de la Fiscalía en seis años de prisión y treinta de inhabilitación para Griñán y diez años de inhabilitación para Manuel Chaves, al que solo acusa de prevaricación.

Por el delito de malversación, la Fiscalía pide seis años de cárcel y 20 de inhabilitación para Griñán, Manuel Gómez y Martínez Aguayo, una pena que pasa a ser de ocho años y se mantiene en veinte de inhabilitación para otros 12 acusados: José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano. Además, los 15 tendrán que proceder, según pide el Ministerio Público, a la “devolución a la Hacienda Pública Andaluza del total de los créditos destinados a la concesión  de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2010”, fijando distintas cantidades a reembolsar. La cifra asciende en total a más de 741 millones de euros malversados entre 2000 y 2010, de los que Griñán debe, sostiene la Fiscalía, 483,9 millones, junto a otros acusados.

Por otra parte, la acusación particular de la Junta ha pedido el archivo de la causa, pues sostiene que no hubo “trama criminal” ni se inventó un procedimiento específico para la concesión de las ayudas.

La acusación del PP andaluz ha pedido dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Manuel Chaves, así como ocho de prisión y 42 de inhabilitación para José Antonio Griñán.

 

Sevilla Actualidad

Equipo de redacción de Sevilla Actualidad

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