La Consejera de Sanidad en una rueda de prensa

Lea la redacción de la Ley

El Parlamento andaluz ha aprobado de manera definitiva el proyecto de ley que permitirá a los pacientes decidir sobre la duración de sus vidas en casos terminales, permitiéndoles rechazar terapia que prolonguen su situación de forma artificial.

 

Sevilla Actualidad. Así como Leire Pajín abrazaba a Bibiana Aído, la Consejera de Salud, María Jesús Montero, recibía los abrazos de una compañera de partido después de la aprobación de la Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte. Ocurrió en la tarde de ayer en la sesión plenaria que se celebró con este motivo.

La referida ley ha sido aprobada por la totalidad de los grupos parlamentarios, aunque el Partido Popular solicitó la votación separada de los artículos. Los populares aclaraban que, aunque estaban dispuestos a la aprobación de la ley, como así ocurriría en la votación final, votaron contra los artículos que no especificaban la objeción de conciencia.

Por su parte, el Partido Socialista, mediante la parlamentaria Rosa Ríos, contestaba a los populares que esas competencias son propias del Gobierno central. Los parlamentarios de IU, satisfechos con la aprobación, instaron al presidente del Ejecutivo a «que legisle y sea valiente en materia de eutanasia y suicidio asistido».

Es importante señalar que la eutanasia y el suicido asistido son prácticas prohibidas en el territorio español, por lo que esta ley no puede regular tales casos, quedando bajo las competencias del Ministerio de Sanidad y el Gobierno central.

Una norma controvertida

Es la primera norma autonómica en España que regulará los derechos del paciente durante la última etapa de su vida y las obligaciones de los médicos tanto en centros públicos como privados.

La denominada Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte regula la limitación del esfuerzo terapéutico, prohíbe el ensañamiento terapéutico y permite a los pacientes rechazar un tratamiento que prolongue su vida de manera artificial.

También da cobertura a la sedación paliativa para aliviar el sufrimiento de los enfermos aunque ello pueda «acortar su vida».

Una ley poco necesaria

Los Obispos del Sur (Odisur) aseguraron hoy, tras la aprobación en el Parlamente de Andalucía de la ley, que «en sí la ley como tal no es de estricta necesidad», porque «la sociedad no reclama una ley ahora, y en los hospitales se puede funcionar perfectamente sin ella».

No obstante, han afirmado que «en el segundo borrador de esta ley –que es el que se ha votado hoy en el Parlamento– se han eliminado bastantes aspectos punitivos aplicables a los profesionales que no cumpliesen con la ley», un extremo que calificó de «positivo» porque, a su juicio, «el primer borrador tenía muchos castigos».

Asimismo, Dionisio Manso, Delegado Diocesano de la Salud de la Archidiócesis de Sevilla, calificó de «muy acertado» el fomento de las unidades de cuidados paliativos tanto en el domicilio como en los hospitales, pero añadió que «esta ley no refuerza la dotación económica para que estas unidades puedan funcionar con competencia, dignificando de este modo el proceso de la muerte».

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