Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha señalado este viernes que la Proposición de Ley que amplía las hectáreas de regadío en la parte norte de Doñana «es susceptible de modificaciones y cambios» que pudiera solicitar la Unión Europea. No se trata de una novedad, ya que la Junta lleva pidiendo desde el primer día a la oposición que presente sus respectivas modificaciones y/o alegaciones para así cambiar el texto durante su tramitación parlamentaria.
Ahora, Moreno insiste al comisario de Medio Ambiente que explique «exactamente» qué quiere cambiar o «en qué no está de acuerdo» de los 25 folios de esta Proposición de Ley, que es «un proyecto susceptible de modificaciones y cambios». ¿El objetivo? «Estudiarlo y modificarlo». «Nosotros somos un gobierno de diálogo, la pena es que el Gobierno de la Nación no se haya querido sentar en una mesa para solucionar un problema, porque el problema existe, podemos mirar para otro lado pero es una realidad y lo que tenemos que hacer es dar soluciones. Nosotros hemos puesto una propuesta sobre la mesa. Cuál es la alternativa, en el que momento en que lo digan y la estudiamos», dijo el presidente andaluz.
Reunión con el comisario de Medio Ambiente
El próximo 3 de mayo el gobierno de la Junta de Andalucía mantendrá una reunión técnica con el equipo del comisario de Medio Ambiente, donde expondrán lo que ya han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica. Este es el responsable de llevar la respuesta a la Comisión Europea, después del requerimiento de información sobre una Proposición de Ley que consideran una «violación flagrante» de la sentencia europea de 2021, que advertía de la sobreexplotación del acuífero de Doñana.
Desde la propia Junta se difundieron los documentos enviados al Ministerio, donde reflejaban que «no es una iniciativa del gobierno andaluz, sino del propio Parlamento, reflejo de la necesaria división de poderes que debe inspirar todo sistema democrático».
«Es un plan de ordenación del territorio, y por tanto, su posible modificación no conlleva de ninguna de las maneras el otorgamiento de concesión de agua para poder ejercer el regadío en la zona. La Proposición de Ley deja claro que el acuífero de Doñana ni se toca ni se afecta, simplemente se establece una clasificación de terrenos como agrícolas regables, siempre con agua superficial, y siempre que exista esa disponibilidad en el futuro. Es decir, no afecta al incremento de extracción de recursos subterráneos, puesto que no otorga concesión de agua a dichos terrenos, ni permite por tanto un incremento de la extracción recursos hídricos subterráneos», concluye el Gobierno andaluz.