Según ha detallado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta, María José Sánchez Rubio, la explotación sexual es la principal modalidad de trata en Andalucía.
La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha atendido en los dos últimos años a 5.700 mujeres víctimas de prostitución y trata con fines de explotación sexual, según ha informado la titular de la Consejería, María José Sánchez Rubio, durante la visita que ha realizado en Sevilla al Centro de intervención integral ONNA Adoratrices, que se dedica a la acogida y acompañamiento de mujeres jóvenes en contextos de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Según un comunicado, la visita se enmarca en la conmemoración el 23 de septiembre del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños y pretende poner en valor el trabajo de estas entidades que colaboran con el Gobierno andaluz en la lucha contra la trata, según Sánchez Rubio.
La consejera ha indicado que ésta es «una colaboración imprescindible» para llegar a las personas más vulnerables, que son las potenciales víctimas de prostitución y trata de personas, «situaciones muy graves y que han ido en aumento en estos años de crisis».
En este contexto, ha recordado que la Junta trabaja en la elaboración de la Estrategia Integral contra la Trata de Mujeres y personas menores con Fines de Explotación Sexual en Andalucía, un documento cuyo trámite fue aprobado el pasado mes de agosto en Consejo de Gobierno y que lo está desarrollando un grupo de trabajo multidisciplinar.
El plan se estructura en torno a cinco líneas estratégicas relativas a prevención, sensibilización y visibilización en la ciudadanía; detección, protección y asistencia integral a las víctimas; persecución de las redes de trata; cooperación y coordinación internacional e institucional; e investigación, transferencia del conocimiento y formación.
Junto con esta actuación, la Junta lleva a cabo otras acciones entre las que se incluyen subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que realicen iniciativas de atención a mujeres víctimas de prostitución y trata con fines de explotación sexual. En concreto, este año se destina a estas ayudas cerca de 700.000 euros, una cuantía que duplica el anterior presupuesto por lo que se prevé llegar a más población que lo requiera, según ha explicado Sánchez Rubio.
La representante del Gobierno autonómico ha recordado que la explotación sexual es la principal modalidad de trata en Andalucía –98,5% de los casos– y que el 95 por ciento de las víctimas son mujeres, por lo que «hay que abordar el problema como un tipo de violencia de género». Junto a ello, Sánchez Rubio ha subrayado la estrecha relación entre la explotación sexual y la prostitución, ya que la mayoría de las mujeres prostituidas «han sido víctimas de un abuso de poder y un abuso de vulnerabilidad, tal y como reconoce la ONU».
En este sentido, la consejera ha querido incidir en la «importancia de la concienciación ciudadana ante un problema que afecta cada vez a más mujeres, extranjeras y españolas, en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad, que en muchos casos se ven abocadas a sufrir esta situación».
Otras iniciativas
Un total de 10.829 mujeres en situación de extrema discriminación, exclusión y pobreza han sido atendidas en los dos últimos años en Andalucía a través de iniciativas de atención social –acogida, alojamiento, manutención, desarrollo de actividades formativas, reinserción social y laboral, entre otras–, desarrolladas por ONGs y entidades sin ánimo de lucro y subvencionadas por el Instituto Andaluz de la Mujer. Según ha resaltado la consejera, los datos son una «muestra más de la apuesta de Andalucía por las políticas sociales y de atención a las personas más vulnerables».
Para la concesión de las ayudas, la Junta de Andalucía prioriza los proyectos que oferten plazas de acogimiento residencial; las iniciativas que obtengan resultados satisfactorios en anteriores convocatorias; los programas con mayor incidencia social y amplio ámbito de actuación; la especialización de la entidad en la atención al colectivo al que se dirige; o el fomento de la integración laboral, entre otros factores.