Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, conmemorado el 10 de diciembre, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha comenzado una campaña con la que pide a las administraciones el reconocimiento de los derechos de las personas excluidas socialmente. El colectivo, que ha iniciado una recogida de firmas, pide una Ley Integral de Inclusión, ya reconocida en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Antonio Campos. Es la Andalucía que no se quiere ver. Aquella que existe pero que, sistemáticamente, se oculta. Es la Andalucía de las personas que no tienen techo, la de los inmigrantes explotados en los campos agrícolas, de aquellos que sufren el racismo y la xenofobia, la Andalucía de las personas recluidas entre muros tras los que no sabemos si se respetan o no los derechos humanos.
Es la Andalucía invisible, pero también la de la gente marginada en los barrios más pobres de las grandes urbes. Personas que viven en las chabolas y personas enfermas de Sida que sufren discriminación, como aquellas mujeres que ejercen la prostitución y que, por ello, son perseguidas… Así podríamos continuar hasta completar una extensa lista.
“Toda esta Andalucía invisible conforma un núcleo de población impresionante que no sale en las estadísticas ni en los discursos de los políticos, por lo que no deriva en políticas prioritarias para desarrollar sus situaciones”, recuerda Rafal Lara, portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Cuando aún resuenan los ecos del Día Internacional de los Derechos Humanos, la asociación andaluza pone en marcha la campaña con este nombre, La Andalucía invisible. Una acción con un objetivo, también, bien claro. “Queremos remover la situación para que la sociedad despierte y rescate del olvido a los excluidos, para que ellos dejen de estar en la situación en la que se encuentran”.
Las reivindicaciones de APDHA no son nada nuevas. De hecho, el trabajo que se viene desarrollando en materia de concienciación ante esta lacra de personas en exclusión social ha logrado que, a nivel administrativo, se decidiese comenzar a elaborar el borrador de una Ley Integral de Inclusión. Ley que, por otro lado, ha quedado en papel mojado. “Nos planteamos que la Junta de Andalucía y el Parlamento andaluz, cumpliendo con los mandatos del propio Estatuto de Autonomía, realizase una ley de inclusión social que abordase el tema de la exclusión de forma integral”, afirma Lara.
Una ley que, insiste el portavoz, debía incluir políticas integrales en materia de empleo, asistencia, rentas básicas, atención a la mujer e, incluso, en materia de vivienda. “Una ley de inclusión es una ley integral que debe incluir todos aquellos elementos que hacen que las personas pasen de una situación de marginalidad a otra de inclusión y de acceso a los derechos y servicios que tenemos la mayoría o una buena parte de los ciudadanos”.
Beneficio de unos pocos y riqueza de unos cuantos
Y es que, las causas de esta exclusión debemos buscarlas hoy “en un sistema económico y social que provoca que buena parte de la población no vea sus derechos reconocidos y atendidos”. “Es”, insiste Rafael Lara, “un sistema que prima al beneficio de unos pocos y la riqueza de unos cuantos sobre la situación de la mayoría, que desconsidera al ser humano”.
En la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía levantan la voz y reclaman que, la atención a este colectivo, sea prioritaria. “Es evidente la falta de atención de políticas prioritarias por parte de las instituciones”. ¿Por qué?, nuevamente. “Quizá porque no tengan el suficiente peso político, o quizá porque no voten tanto como las clases medias, el caso es que las personas excluidas, hoy, están olvidadas completamente”, sentencia Lara.
Desde la asociación piden que se retome el trabajo de redacción de la Ley Integral de Inclusión. Para hacerse escuchar, APDHA ha comenzado una campaña de recogida de firmas en toda la región, así como actividades de sensibilización y de denuncia que se prolongarán durante los próximos dos meses. El objetivo es que, el 28 de febrero, día de Andalucía, el colectivo pueda hacer llegar al Parlamento todas las firmas registradas y hacer entrega, asimismo, de los premios alternativos a aquellas personas que realmente trabajan por la inclusión social.