La presidenta de la Junta de Andalucía ha comparecido este martes en la comisión de investigación parlamentaria sobre los presuntos fraudes en los cursos de formación que se investigan judicialmente.
La Comisión de Investigación a las concesiones de las subvenciones otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Formación Profesional para el Empleo (FPE), desde 2002 hasta la actualidad, incluida su gestión, evaluación y justificación ha finalizado hoy la primera ronda de comparecencias con la intervención de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
De esta forma, del listado de 69 personas citadas para comparecer, aprobado el pasado 29 de enero, han informado a la comisión un total de 66, toda vez que no se han sustanciado las comparecencias del representante de la Fundación Forja XXI, de una consejera del Tribunal de Cuentas y de la Ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez.
Después de que este lunes comparecieran los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, Díaz ha dejado hoy, sin duda, el titular –con cierto cariz anecdótico- de la jornada. “Me he casado con un tieso, sí, qué pasa”, llegó a sentenciar a las preguntas reiteradas de la diputada popular Teresa Ruiz Sillero.
Y es que, la presidenta de la Junta no ha entrado a responder durante su comparecencia si influyó en algún momento el hecho de que su marido trabajara como auxiliar administrativo del sindicato UGT cuando se aprobó la concesión de cursos de formación subvencionados y si tuvo que ver para decretar su paralización en 2014.
«José María Moriche fue un auxiliar administrativo de los 3.000 trabajadores que tiene IFES de toda España, un trabajador que no se puede defender. Mirándole a los ojos le pido que diga lo que quiere insinuar», llegó a responder Susana Díaz a Teresa Ruiz Sillero.
Como establece el Plan de Trabajo aprobado por la propia comisión y publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía del 9 de noviembre de 2015, «en virtud del desarrollo de los trabajos, la Comisión, a propuesta de los portavoces de los grupos parlamentarios, podrá solicitar, de forma motivada, por conducto de la Presidencia, la celebración de nuevas comparecencias siempre antes de que se haya abierto el plazo para que los grupos remitan a la Presidencia su propuesta de dictamen final».
Además, el citado Plan de Trabajo establece que «finalizadas las sesiones, una vez recibida toda la documentación y habiendo declarado todos los comparecientes que hayan sido convocados, se establecerá un plazo de quince días hábiles máximo, desde la constatación por parte de la Comisión de tales circunstancias, para que los grupos parlamentarios remitan a la Presidencia su propuesta de dictamen final.»