Este instrumento, que cuenta con una dotación de 750 millones, apuesta por la rehabilitación y el alquiler.
La Consejería de Fomento y Vivienda ha iniciado el proceso de información pública del proyecto de Decreto por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. Los agentes económicos y sociales, colectivos y ciudadanos tendrán de plazo hasta el próximo 16 de febrero para presentar propuestas y sugerencias a este texto, que posteriormente serán analizadas por la Consejería de Fomento y Vivienda.
Este plan plantea como pilares fundamentales “la rehabilitación del parque residencial existente y la mejora de su eficiencia energética, el fomento del alquiler y la lucha para garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna, impidiendo la pérdida de ésta por motivos económicos”. Una vez cerrado el periodo de información pública deberá someterse a los informes preceptivos de los departamentos de la Administración autonómica y con posterioridad ser remitido al Consejo Consultivo para su dictamen que se prevé para primavera.
Este instrumento, que contará con una dotación presupuestaria de en torno a 750 millones de euros, financiados a través de la aportación autonómica, estatal y europea; apuesta por un nuevo modelo, que en el ámbito del fomento del alquiler incorpora programas dirigidos al parque público y al conjunto del patrimonio residencial existente.
Para los inmuebles públicos se pondrá en marcha una línea de fomento del parque público de viviendas en alquiler o cesión del uso sobre suelos o edificios de titularidad pública. Estos programas se concretan en una convocatoria de ayudas a personas inquilinas que facilitará el pago de hasta el 40% de las rentas a familias con ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM, alcanzando el 100% en grupos de especial protección. Estas subvenciones priorizarán, además, a quienes han sido desahuciados de su vivienda habitual.
Alquiler de inmuebles vacíos
Como novedad, se impulsará el programa del alquiler de edificios de inmuebles vacíos que tiene como finalidad la puesta en arrendamiento de edificios gestionados de forma conjunta por administraciones o entes públicos y entidades sin ánimo de lucro.
En materia de rehabilitación, se pondrán en marcha numerosas líneas de intervención, como el programa de Rehabilitación Autonómica Edificatoria y de Viviendas, la Adecuación Funcional Básica de Viviendas, orientada fundamentalmente a personas mayores o con discapacidad; o la Rehabilitación Energética del Parque Público Residencial.
Por otro lado, las iniciativas encaminadas a favorecer el acceso a la vivienda incluirán medidas tendentes a facilitar la transmisión de inmuebles protegidos sin devolución de ayudas en situaciones muy específicas. También el Plan contemplará la flexibilización de los regímenes de protección en aquellas promociones de VPO calificadas en anteriores planes y que presenten problemas en la adjudicación.
En este capítulo de vivienda protegida, la Consejería dará respuesta a los compromisos adquiridos previamente, dando prioridad al pago de las subvenciones al préstamo hipotecario de los adquirentes de vivienda protegida. Como novedad, se incorporará la figura de la vivienda protegida a precio tasado, que tiene como objetivo facilitar la promoción de esta tipología residencial para la venta o el alquiler con destino a familias con ingresos inferiores a los 4,5 veces el IPREM.
Observatorio de la Vivienda
La Consejería de Fomento y Vivienda también ha iniciado el proceso de información pública, tal y como se recoge en el Boja, de la orden que regula la selección de representantes de colectivos sociales en el Observatorio Andaluz de la Vivienda, abriendo además la convocatoria para dicha selección. El texto también quedará expuesto hasta el 16 de febrero en la sede de la Secretaría General de Vivienda, en las delegaciones territoriales y en la página web.
El Observatorio, de carácter consultivo y de representación, facilita la participación social y se configura como un punto de encuentro, no sólo de los sectores institucionales y económicos, sino también y sobre todo de los colectivos sociales, con el fin de avanzar en la defensa del derecho a la vivienda y en la puesta en marcha de medidas públicas en esta materia.