Los trabajadores despedidos de Tragsatec se están enterando de que están fuera de la empresa por los ingresos del finiquito recibido en el banco, sin que se les haya notificado nada de manera escrita o verbal, según CSIF.

La empresa pública Tragsa ya ha realizado la mitad de los 1.336 despidos previstos en aplicación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se empezó a aplicar con la entrada del nuevo año. Como consecuencia los trabajadores han realizado hoy una nueva jornada de huelga que continuará los próximos días 26 de enero y 3 de febrero.

La Audiencia Nacional dio la razón a los trabajadores frente a las pretensiones de la empresa de revisarlo a la baja, ahora será el Tribunal Supremo quien deliberará próximamente sobre la procedencia de la ultraactividad del convenio colectivo de Tragsa.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha solicitado al Gobierno en funciones una medida de gracia para frenar estos despidos. Esta solicitud se enviará también a los diferentes grupos parlamentarios cuando se constituyan las Cortes.

El grueso de los despidos (fundamentalmente trabajadores de entre 40 y 50 años, con una media de 20 años de servicio en la empresa) se materializará, previsiblemente antes de finalizar enero. Los trabajadores despedidos se están enterando de que están fuera de la empresa por los ingresos del finiquito recibido en el banco, sin que se les haya notificado nada de manera escrita o verbal.

CSIF reclama esta medida ‘de gracia’ al Gobierno (responsable último de la empresa, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales-SEPI), teniendo en cuenta que la actual situación económica de la empresa refleja una previsión de beneficios de 2 millones de euros en el ejercicio 2015 y un incremento de la producción del 63%, respecto al año pasado (660 millones de euros). Por tanto, las circunstancias económicas que lo motivaron han cambiado de manera sustancial respecto a 2013, cuando se registraban pérdidas.

La compañía Tragsa ha manifestado que “no tiene un problema con el número de trabajadores en platilla, sino con su coste”. Por ello, aprovechándose de la actual reforma laboral, pretenden cambiar puestos de trabajo fijos por otros eventuales y precarios. Por eso se pueden producir nuevas contrataciones de trabajadores recientemente despedidos.