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La Junta paga alquiler por el 40% por ciento de las sedes judiciales de Andalucía

El consejero de Justicia anuncia un plan de reordenación de sedes y señala que ha reducido de 20 a 14 millones de euros el gasto en alquiler de edificios.

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha anunciado en comisión parlamentaria que la Junta ha elaborado un plan director para la reordenación eficiente de los espacios de las sedes judiciales de Sevilla, así como la supresión de alguno de los contratos de arrendamiento existentes.

De Llera ha señalado en su comparecencia que se está finalizando la redacción del proyecto de la primera fase de esta racionalización de espacios que, centrada en el El Prado de San Sebastián, supondrá el traslado de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a dichas instalaciones.

Respecto a la Ciudad de la Justicia, el consejero ha subrayado que “una vez superadas las reticencias a su ubicación en Los Gordales, el Ayuntamiento y la Consejería han podido retomar el asunto y ahora la prioridad es avanzar en el desarrollo de las actuaciones, ya en su emplazamiento definitivo, e iniciar los trámites para la adquisición sin coste del suelo y la redacción del proyecto”.

Para avanzar en el proyecto de Ciudad de la Justicia, los miembros de la Comisión Mixta Ayuntamiento-Junta se reúnen semanalmente para analizar y resolver las dificultades que pudieran plantearse, tanto de índole técnica, como jurídica.

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha subrayado la prioridad que las sedes judiciales en propiedad suponen para la Junta de Andalucía que ha reducido en cinco millones de euros el alquiler de edificios, pasando de los 20,2 millones que supuso el arrendamiento en 2010, a los 14,4 millones actuales.

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De Llera ha subrayado que este ahorro se ha logrado gracias a la revisión a la baja de los contratos de arrendamiento que hemos aplicado en los últimos años y a la puesta en funcionamiento de nuevos equipamientos judiciales en propiedad. “En la actualidad, tenemos 73 sedes judiciales en régimen de alquiler y 100 contratos vigentes, lo que rebaja en 20 el número de inmuebles arrendados y en 24 el total de contratos con respecto a 2010, reduciéndose así en más de un 22% el número de edificios alquilados”, ha apuntado el consejero.

Sin embargo, De Llera ha matizado que “la Consejería seguirá optando por el alquiler de inmuebles para uso judicial siempre y cuando, como en el caso de San Fernando, sea la alternativa más inmediata, viable y eficaz para garantizar la calidad del servicio”. Por otro lado, el consejero ha subrayado que, además, la Junta está trabajando “de una manera muy especial en aquellas medidas que permitan un mayor ahorro energético”.

En materia de Infraestructuras, la Junta tiene como prioridad destinar los recursos disponibles al mantenimiento diario de las 167 sedes judiciales con las que cuenta Andalucía, así como la mejora y reforma de los edificios que los precisen para lo se ha realizado una evaluación que establezca cuales son los que presentan necesidades más urgentes a las que atender de inmediato en función del presupuesto disponible.

Además, es necesario adaptar las infraestructuras de cara a la implantación de la Oficina Judicial y Fiscal y resolver la falta de espacio o la dispersión de sedes en determinadas jurisdicciones, para lo que se están analizando alternativas diferentes, principalmente dirigidas a tratar de optimizar el aprovechamiento de los espacios existentes.

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Sobre la base de estos criterios, la actuación de la Consejería en este ámbito se dirige principalmente, según su titular, a avanzar en los proyectos de ciudades de la justicia que aún no han podido iniciarse y a continuar desarrollando las 30 actuaciones que en estos momentos se encuentran en alguna fase de ejecución. Por otro lado, la Consejería seguirá trabajando para desbloquear aquellos otros proyectos que no han podido comenzar aún por diferentes razones, ya sea por falta de suelo o por problemas de índole técnica o administrativa, ha señalado De Llera.

El consejero ha reiterado la apuesta decidida de su departamento por avanzar en el proceso de modernización tecnológica que contará con una gran partida inversora para esta legislatura. “Con cargo a los fondos europeos, en los próximos años invertiremos 30 millones de euros destinados a nuevas tecnologías de la Administración de Justicia, lo que nos permitirá un  importante salto cualitativo en este sector”, ha dicho De Llera.

Por último, el consejero ha señalado que la seguridad está garantizada en la totalidad de las sedes judiciales que cuentan con vigilancia de los efectivos de la Guardia Civil, seguridad privada, cámaras de vigilancia escáner y/o arcos de seguridad, entre otras medidas. 

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