La Fiscalía investiga a Antonio Ramírez de Arellano tras ser denunciado por prevaricación cuando era vicerrector de la US.
La Fiscalía Superior de Andalucía mantiene abierta una investigación en relación al consejero de Economía y Conocimiento de la Junta, Antonio Ramírez de Arellano, tras ser denunciado por presunta prevaricación cometida cuando era vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla, según informan agencias.
Tal y como publica ‘El Mundo’ en su edición de este martes, Ramírez de Arellano fue denunciado el 27 de marzo por el Colegio de Arquitectos de Sevilla, tras lo que la Fiscalía hispalense inició una investigación que cesó en junio, cuando fue nombrado consejero y adquirió la condición de aforado, por lo que el departamento de María José Segarra tuvo que inhibirse en favor de la Fiscalía Superior.
Ramírez de Arellano ha sido denunciado por un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal, añadiendo que será en los primeros días de octubre cuando la Fiscalía emita un dictamen al respecto.
El Colegio de Arquitectos de Sevilla ha denunciado al actual consejero y anteriormente rector y vicerrector de la Hispalense por entender que adjudicó de manera «arbitraria» la redacción del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius).
Según el rotativo, los hechos se remontan a septiembre de 2008, cuando la Universidad de Sevilla firmó un contrato con un estudio de arquitectura para la redacción del proyecto de obras del edificio Centrius, una construcción de 25.800 metros cuadrados presupuestada en 34 millones de euros y subvencionada con 17,7 millones por el Gobierno central y el programa Feder de fondos europeos.
Los denunciantes consideran «contradictorio» que la licencia de obras para el edificio se concediera con base en un proyecto básico que fue visado el 13 de agosto de 2008, más de un mes antes de que, oficialmente, la Universidad le encargara el trabajo a los autores mediante el contrato.
Los denunciantes señalan que fue el vicerrector quien acordó «fraccionar el objeto del contrato en cuatro fases», lo que constituiría una vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público. Existe una «ilegalidad manifiesta» de la adjudicación, según la denuncia.
Arellano niega los hechos
El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha negado las acusaciones formuladas por el Colegio de Arquitectos de Sevilla sobre presuntas irregularidades en contratos de la Universidad de Sevilla, asegurando que «no son ciertos los hechos que contiene», y ha solicitado a la Universidad Hispalense el expediente de los contratos citados, que, junto con las alegaciones oportunas, han sido remitidas a la Fiscalía Superior de Andalucía.
En un comunicado, la Consejería de Economía y Conocimiento se ha pronunciado en relación con la denuncia interpuesta por el Colegio de Arquitectos de Sevilla a la Universidad Hispalense por el proceso de contratación del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius), toda vez que el máximo responsable de esta Consejería era vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla en las fechas en la que tuvieron lugar los hechos.
Así, ha explicado que se trata de un conjunto de expedientes y contratos de la Universidad de Sevilla de los años 2008 y 2009 sobre los que la Fiscalía ha recibido en 2015 una denuncia del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) contra la actuación de la citada universidad. En ese sentido, ha recordado que la Fiscalía «tiene la obligación, como en todos los casos, de interesarse por esta denuncia, y las personas e instituciones afectadas la obligación de colaborar activamente y con total transparencia para aclarar las cuestiones que se plantean».
El actual consejero de Economía y Conocimiento –y en los años citados vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla– ha solicitado a la Universidad el expediente de los contratos citados, que junto con las alegaciones oportunas, han sido remitidas a la Fiscalía Superior de Andalucía.
En cuanto al contenido del escrito que se plantea, el consejero ha manifestado su «absoluto rechazo» al escrito del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla «por no ser ciertos los hechos que contiene y que pueden tergiversar la recta y transparente actuación de la Universidad de Sevilla en el citado procedimiento».
Ha asegurado que «cada procedimiento y resolución contó con todas las garantías legales y técnicas; y, en particular, el concurso de proyecto y obra que se menciona fue resuelto en la Mesa de Contratación con todos los procedimientos oportunos y sin incidencias».
De esta forma, según ha explicado, «descartadas pues todas las circunstancias que denuncia el Colegio de Arquitectos de Sevilla, la Universidad de Sevilla, mediando cuantos trámites son preceptivos y previos los informes de los funcionarios públicos responsables, realizó una interpretación de la Ley de Contratos del sector público que, en modo alguno, puede calificarse de arbitraria y carente de argumentación técnica y jurídica pulcra y transparente».
Denuncia que «tergiversa datos y confunde fechas», para la US
La Universidad de Sevilla (US) se ha pronunciado respecto a la investigación abierta por la Fiscalía Superior de Andalucía en relación al consejero de Economía y Conocimiento. La sede académica ha manifestado en un comunicado que, a su juicio, la denuncia del Colegio de Arquitectos «tergiversa de forma deliberada datos y confunde fechas con el fin de sembrar dudas sobre la legalidad de los expedientes de este edificio».
El objeto de la denuncia, recuerda la US, es un conjunto de expedientes y contratos de la universidad de los años 2008 y 2009, de los que la Fiscalía ha recibido en 2015 una denuncia de dicho colegio. La Hispalense, en este sentido, se ha puesto a disposición de la Fiscalía para suministrar toda la información disponible y cuantos detalles sean necesarios para aclarar el objeto de la denuncia del COAS.
Así, subraya la institución que el procedimiento de contratación objeto de denuncia tuvo la oportuna publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del Estado, fue «absolutamente transparente» y contó con la participación de unas 40 empresas, «sin que hubiera reclamaciones anteriores ni posteriores».
La US considera que ha actuado en todo momento conforme a derecho, ateniéndose siempre a las normas vigentes y a las disponibilidades económicas. Asimismo, lamenta «profundamente» que «de manera intencionada» se confundan procedimientos administrativos con actuaciones que pudieran derivar en consecuencias penales.
«Resulta llamativo que el Colegio de Arquitectos de Sevilla utilice la denuncia ante la Fiscalía cuando al mismo tiempo, y por los mismos hechos, ha acudido a la vía Contencioso-Administrativa», añade la US, explicando a continuación que en 2009 el organismo colegiado sometió a la consideración del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 la presunta comisión de un delito de prevaricación por los mismos hechos, petición que desestimó el tribunal, junto a otras pretensiones sobre nulidades de procedimiento de adjudicación, indemnizaciones y dirección de obras, con expresa imposición de costas al COAS.
Tras esta resolución, el Colegio de Arquitectos procedió en 2015 a interponer nuevo recurso contencioso-administrativo en el que, previo requerimiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Sevilla, ha quedado concretado su objeto a la impugnación de la adjudicación de los contratos del Centrius.
La US entiende que la Fiscalía «tiene la obligación legal de interesarse por esta denuncia, al igual que es deber de la US colaborar con la Justicia, de forma activa y con total transparencia, para aclarar los hechos: confiamos en que, una vez practicadas las diligencias oportunas, la denuncia no siga adelante y sea archivada».