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Andalucía

Anticorrupción pide imputar al ex ministro Pimentel en el caso de los ERE

La Fiscalía ha solicitado a la juez instructura del caso ERE que impute al ex ministro Manuel Pimentel por pertenecer al consejo de administración una empresa que obtuvo ayudas de la Junta.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que impute al ex ministro de Trabajo Manuel Pimentel por las ayudas de la Junta a Graficromo y Taller de Libros, de cuyo consejo de administración fue presidente Pimentel.

Según informan agencias, la Fiscalía pide imputarle, junto a otras 24 personas, por el pago en 2009 de 300.000 euros de la Junta de Andalucía a trabajadores de la empresa Taller de Libros. Los hechos investigados en torno a las ayudas a estas sociedades podrían ser constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad, tráfico de influencias y fraude.

La Fiscalía solicita a la instructora que forme una pieza separada con los pagos realizados por la Junta en los ex pedientes de Graficromo -incluida la asociación de ex trabajadores- y Taller de Libros e impute a un total de 25 personas, entre las cuales hay varias ya imputadas en la causa.

Pimentel: “no había nada ilegal ni oscuro”

El ex ministro de Trabajo Manuel Pimentel se ha mostrado este martes “sorprendido” porque la Fiscalía Anticorrupción solicite su imputación en el caso de los ERE, y ha defendido que cumplió con la “estricta legalidad” durante la crisis de la empresa cuyo consejo de administración presidía, Taller de Libros.

En declaraciones a agencias, Pimentel ha subrayado que no había “nada ilegal ni oscuro” por parte suya ni de los “trabajadores honrados”, a los que la Fiscalía también pide imputar, y ha enmarcado sus reuniones con responsables de la Junta de Andalucía en las habituales de cualquier gestor para defender a su empresa.

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El ex ministro de Trabajo con el PP entre 1999 y 2000 ha indicado que no tenía ninguna relación con la otra empresa a la que alude en su escrito la Fiscalía, Graficomo SA, que en 2005 se liquidó con un plan que incluía la enajenación unitaria a favor de Taller de Libros y a la que la Junta había concedido una ayuda por un millón de euros.

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