Entre los beneficiarios, el Ayuntamiento de Guadalcanal o la Asociación Sierra Norte para la Atención del Disminuido Psíquico.
Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado han entregado un nuevo informe a la juez que investiga el caso de los ERE irregulares, María Núñez Bolaños, en el que concluyen que la Junta de Andalucía concedió ayudas por valor de 11,4 millones de euros a 25 particulares, empresas y ayuntamientos como el de Guadalcanal «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», entre otras supuestas irregularidades.
Según informan agencias, los peritos de la Intervención del Estado analizan las ayudas concedidas, entre otras entidades, a Antonio Diana Expósito, Asociación Sierra Norte para la Atención del Disminuido Psíquico (Asnadis), Atarazanas de Constantina o Capital Andaluz Siglo XXI de Desarrollo Económico.
En el caso de la ayuda de 180.303,63 euros concedida a la Asociación Sierra Norte para la Atención del Disminuido Psíquico (Asnadis), los peritos relatan que esta asociación se constituyó en 1996 como resultado del movimiento participativo de un grupo de padres concienciadoslos peritos aseveran que la documentación obrante en el expediente «es incompleta, fragmentaria y no posee orden cronológico o sistemático alguno, careciendo del mínimo rigor exigible en la gestión de fondos públicos».
Los peritos también destacan las ayudas por un importe total de 342.576,87 euros concedidas al Ayuntamiento de Guadalcanal, divididas en 72.121,45 euros en 2002 para financiar el mantenimiento de un stand en la Feria de Emprendedores.
En el análisis del conjunto de las ayudas, los peritos dicen en este informe consultado por Europa Press que «se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, lo que pudiera ser causa de nulidad de pleno derecho», a lo que se suma que la Consejería de Empleo habría concedido las ayudas «con cargo a un concepto presupuestario inadecuado».
Los peritos, en general, también resaltan en este informe de 191 páginas que en los expedientes «no existe ninguna documentación que muestre el mínimo cumplimiento de las normas que regulan la concesión de subvenciones».