Sevilla Actualidad. «El II Plan Estratégico de Protección al Consumidor 2008-2011 está escasamente desarrollado y prácticamente inédito en su ejecución pese a llevar más de un año ya de vigencia. Y con los presupuestos propuestos para 2010, resultará imposible abordar con rigor y eficacia las líneas de trabajo básicas que el Gobierno se ha marcado para atender las situaciones y necesidades existentes en el ámbito de la protección de los consumidores».

Así lo ha querido hacer ver la presidenta de la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-Facua, Olga Ruiz, en su comparecencia de hoy ante la Comisión de Economía y Hacienda: «Se nos pide que renunciemos a tener una política mínimamente seria de protección de los consumidores”, política que, según la presidenta, “son prescindibles para la acción del Gobierno. No fueron en absoluto prioritarias en los años previos a la crisis y tampoco lo son ahora, cuando los abusos están en alza y los desequilibros en el mercado son mayores».

Sin obviar que se trata de unos presupuestos difíciles, teniendo en cuenta la coyuntura económica, Facua Andalucía encuentra en ellos importantes incoherencias con los retos y líneas de trabajo que se marca el Gobierno en las políticas de protección de los consumidores. Políticas cuyas partidas presupuestarias, que vuelven a recortarse, no responden a la Andalucía Sostenible que dice propugnar el Gobierno.

«Si bien podemos ser comprensivos y entender que estamos ante un presupuesto de crisis, en el caso de las políticas de Consumo no estamos hablando ya de unos niveles de contención sino que se nos está pidiendo realmente que renunciemos a tener durante años una política mínimamente seria de protección de los consumidores», ha dicho Ruiz.

El programa de Consumo, pese a situarse en una Consejería que ve inalteradas sus cifras, sufre un nuevo recorte, del 3,34%, después de que en 2009 la partida decreciese en torno a un 10,5%. Ruiz ha recordado que la consejera de Salud ha señalado en el Parlamento que las de Consumo son «políticas sociales, políticas de ciudadanía, que afectan a derechos básicos, que repercuten y tienen una incidencia en los mercados, en el propio ámbito laboral y en el medio ambiente. Sin embargo, pese a ese compromiso teórico que el Gobierno dice tener con las políticas de Consumo, la realidad es otra bien distinta», ha criticado la presidenta de Facua Andalucía.

La presidenta de Facua Andalucía ha señalado que el desinterés del Gobierno en la protección de los consumidores quedó patente el pasado 5 de noviembre, cuando al comparecer en el Parlamento para exponer los presupuestos de la Consejería de Salud, su titular resumiese su actuación en materia de Consumo para 2010 en una frase: «solamente comentar que en el apartado de consumo se va a redactar el Plan Integral Andaluz de Educación y Formación en Consumo, lo cual nos va a permitir abordar, para los distintos ciclos educativos, la educación para el consumo, desde el ámbito sostenible y también desde el ámbito de educar a las nuevas generaciones».

«No dudamos», ha señalado la presidenta de Facua Andalucía, «que la consejera de Salud esté ‘ilusionada’ con sus nuevas competencias en materia de Consumo, pero sería más eficaz que dicha ilusión fuese acompañada de acción de Gobierno real y efectiva respaldada y dotada de recursos económicos».

Ruiz ha recordado durante su comparecencia que «este año 2009 ha dejado patente que los abusos a los consumidores han ido al alza, que su situación en el mercado es aún de mayor desequilibrio y que las desigualdades sociales y económicas, y aún más, las necesidades sociales y económicas de muchas familias son un caldo de cultivo propicio al fraude y a la vulneración de derechos básicos del ciudadano en su condición de consumidor o usuarios de bienes y servicios». Por ello, «las políticas de consumo deberían jugar un papel fundamental en la actual situación de crisis, una crisis que es el resultado de movimientos especulativos en el mercado, de la búsqueda de la ganancia a corto plazo y de un sistema de producción y consumo insostenible en el tiempo».

«En este contexto», ha dicho Ruiz, «las políticas públicas no deberían contentarse con poner parches mientras se sale del atolladero, sino que deberían asumir el compromiso con los ciudadanos de intervenir en el mercado, buscar el equilibrio apoyando a los más débiles, apostando por la ética de la economía y de las relaciones de mercado, por la promoción de una auténtica justicia social y de una distribución más equilibrada de la riqueza. Esta debería ser también la apuesta del proyecto de Andalucía Sostenible que quiere liderar este Gobierno».

A modo de conclusión, la presidenta de Facua ha declarado que “la visión política que se pone en evidencia con esta propuesta presupuestaria es la de que el consumidor no importa y sólo es un sujeto pasivo de la crisis, despreciándose el importante papel que una política de consumo con mayúsculas, seria y coherente, sería capaz de conseguir como un factor también decisivo en un desarrollo económico adecuado, en un modelo de crecimiento económico, presente y futuro, sostenible».