Susana Díaz ha firmado con CCOO, UGT y CSIF un acuerdo que garantiza el abono de los 44 días de la paga extra de 2012 que los empleados públicos recibirán en la nómina del próximo mes de febrero así como la recuperación del 100% de jornada para temporales e interinos.
La Junta de Andalucía abonará en la nómina de febrero de 2016 el 25 por ciento de la paga extraordinaria correspondiente a 2012 y desde el 1 de enero de 2016 se recuperará el 100% de la jornada y las retribuciones del personal interino y del personal temporal de la Junta de Andalucía, una medida que supondrá 200 millones adicionales en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el próximo año.
Estas medidas se aplicarán fruto del acuerdo suscrito este miércoles entre la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y los sindicatos que integran la Mesa General de Negociación Común de la Administración de la Junta de Andalucía, CCOO, UGT y CSIF, que supondrá una mejora del empleo público andaluz, sobre una serie de medidas que habían sido reclamadas reiteradamente por dichas centrales sindicales.
En este Acuerdo, la Junta de Andalucía se compromete a abonar, en la nómina de febrero de 2016, la parte proporcional de la paga extraordinaria (incluida la paga adicional del complemento específico o pagas adicionales equivalentes) correspondiente a diciembre de 2012, que el Gobierno central suprimió con la aprobación del Real Decreto Ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad.
Además, a partir del 1 de enero de 2016 se recuperará el 100% de la jornada y retribuciones del personal funcionario interino y del personal temporal (estatutarios, laborales e indefinidos no fijos).
El Gobierno andaluz se ha comprometido también a negociar un calendario en la Mesa General de Negociación Común de la que forman parte los sindicatos firmantes para recuperar, a lo largo de la actual legislatura, el resto de los derechos suspendidos que «no estén sujetos a las limitaciones impuestas por la legislación básica del Estado y con sujeción a la necesaria suficiencia financiera».
La presidenta ha trasladado a los sindicatos la intención de convocar «de forma inmediata» la Mesa General y las diferentes mesas sectoriales en las que se abordarán las medidas dirigidas a mejorar las condiciones de empleo. Entre otras, se abordarán incentivos para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, como pueden ser la adaptación de los horarios y jornada laboral, o la agilización de los concursos de traslados.
En concreto, ha avanzado que este mismo mes se celebrará la primera sesión de la Mesa General, en la que se constituirán los grupos de trabajo para concretar los términos del Acuerdo así como para analizar la ampliación de supuestos de enfermedad que darán lugar a la percepción del 100% del complemento de incapacidad temporal.
La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado por su parte que «en Andalucía siempre hemos entendido que la provisión pública de servicios fundamentales es más eficiente que la que realiza la iniciativa privada» y ha hecho hincapié en que «en una comunidad donde el gasto público tiene un peso tan importante en nuestro PIB, el empleo público es un elemento de consolidación fiscal, y recuperar derechos es una buena manera de estimular la actividad económica».
Ley del Empleo Público de Andalucía
Uno de los puntos principales del Acuerdo es el compromiso de elaborar, previa negociación con las organizaciones sindicales, el anteproyecto de Ley del Empleo Público de Andalucía, que permitirá desarrollar en esta legislatura el Estatuto Básico del Empleado Público potenciando la carrera profesional, regulando la evaluación del desempeño, el nuevo régimen de las situaciones administrativas, las potestades públicas, las jornadas especiales y los procedimientos extraordinarios de movilidad. La Ley del Empleo Público abarcará también otras cuestiones sobre movilidad, acceso y negociación colectiva del personal del sector público instrumental.
En el Acuerdo firmado se reconoce el papel fundamental que desarrollan los empleados públicos, como «motor y pilar fundamental de la prestación de los servicios públicos», en especial en unos años de crisis económica en los que «han visto mermados algunos de sus derechos y condiciones laborales, sin que ello haya afectado a su esfuerzo permanente en el desempeño del servicio público, contribuyendo con ello a la consecución de los objetivos de equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera en los últimos tres años».