grinan-chaves-moreno-zarrias-portada

El juez instructor ha propuesto imputar formalmente a los ex presidente de la Junta de Andalucía en el caso de los presuntos ERE falsos por presunta prevaricación adiministra. Imputa también al ex consejero Gaspar Zarrías y deja fuera del procedimiento a Mar Moreno.

El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha decidido este jueves continuar el procedimiento abierto contra los ex presidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves al estimar que existen indicios de que pudieron incurrir en un delito de prevaricación administrativa.

Según han informado agencias, el juez ha abierto una doble vía, instando por un lado el suplicatorio de Chaves y de los también aforados José Antonio Viera -al que también imputa malversación de fondos públicos- y Gaspar Zarrías, ambos diputados, y dejando fuera del procedimiento a la ex consejera y senadora Mar Moreno, en la que no encuentra delito.

Por otro lado, y tras perder Griñán su condición de aforado, el instructor eleva a través de un auto los indicios recabados en su contra y solicita que, por razones de conexidad, siga siendo enjuiciado junto con el resto de aforados.

A lo largo de los 130 folios de la exposición motivada el magistrado Alberto Jorge Barreiro analiza en primer lugar el sistema establecido durante diez  años, de 2000 a 2010 para conceder ayudas socio laborales a empresas y particulares por parte de la Junta de Andalucía.

El juez relata cómo el sistema legal de subvenciones se fue modificando para convertirse con el paso del tiempo en la figura de transferencias de financiación, con una ausencia del control propio de las subvenciones. El juez recoge las 22 modificaciones presupuestarias que se aprobaron a lo largo de estos años y que resultan relevantes para configurar el delito de prevaricación.

Esas modificaciones presupuestarias fueron arbitrarias ya que según el juez, «se estaba haciendo un ejercicio arbitrario del poder que tenían atribuido, como integrantes del consejo de gobierno, poder que se desviaba hacia unos objetivos que tenían un componente claramente ilícito, por el sistema arbitrario aplicado»
Alberto Jorge Barreiro concluye que el sistema de subvenciones investigado fue ilegal.

El instructor estima «altamente probable» que el ex presidente Chaves, a quien le correspondía fijar las directrices generales del Gobierno, y el consejero de Presidencia Zarrías, tomaran la iniciativa en connivencia con Viera, «al margen de nuestro ordenamiento jurídico» y estando claramente implicadas las consejerías de Economía y hacienda y la de Innovación y Desarrollo. «Estaban haciendo un ejercicio arbitrario del poder que tenían atribuido», indica.

Agrega el magistrado que todos ellos actuaban de «forma consciente y a sabiendas» con la intención de saltarse la normativa reguladora de las subvenciones. En este sentido, Barreiro argumenta que cuando varios informes externos a la Junta de Andalucía insistieron en apuntar que el sistema era ilegal, «los responsables se limitaron a suprimir el rótulo de transferencia de financiación» pero no aplicaron la normativa correcta.

El magistrado cuantifica en 855 millones de euros el dinero presupuestado y que la Junta de Andalucía gastó y pagó desde 2000 a 2010 en las subvenciones acordadas y concedidas. En relación al perjuicio económico ocasionado a la Administración andaluza, el magistrado considera que no se podrá valorar con exactitud a hasta pasados unos años y añade que  el grueso mas importante de este dinero se dedicó a los 77 eres, en donde se efectuaron pagos excesivos.