Manuel Gómez Martínez, interventor de la Junta entre el 200 y el 2010, ha defendido que la Intervención realizó informes donde nunca habló de irregularidades, sino de la existencia de un sistema «inadecuado» de reparto de las ayudas.
El que fuera Interventor General de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez, ha señalado este martes que la Intervención puso de manifiesto «irregularidades y deficiencias lo suficientemente graves como para que el gobierno hubiera tomado medidas» en el caso de las ayudas socio-laborales y que, sin embargo, el Gobierno andaluz hizo «oídos sordos» y miró «para otro lado» durante diez años.
Según informan agencias, Gómez Martínez ha declarado este martes como imputado ante el Tribunal Supremo durante tres y horas y media. Gómez ha señalado que en el «exiguo marco de funciones que pudo desarrollar», el órgano elaboró informes «en los que puso de manifiesto irregularidades y deficiencias como para que el Gobierno hubiera tomado medidas», sin embargo, éste hizo «oídos sordos» y miró «para otro lado».
En otro orden de cosas, el ex interventor ha dicho que pidió voluntariamente declarar porque se ha sentido «injustamente acusado» por los aforados. Gómez ha manifestado que en los informes que realizó nunca habló de irregularidades, sino de la existencia de un sistema «inadecuado» de reparto de las ayudas socio-laborales porque se prescindía del proceso administrativo.
Preguntado por el hecho de que no emitiera ningún informe de actuación al respecto -que son los documentos que llegan de forma efectiva a los consejeros-, el ex interventor ha manifestado que no era necesario hacerlo porque de lo que él revisó no se deducía menoscabo de fondos públicos.
La declaración de Gómez se ha producido tras los interrogatorios a los cinco aforados nacionales, entre los que se encontraban los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que coincidieron en manifestar que no tenían conocimiento de los reparos y de las advertencias de ilegalidad efectuados por el ex interventor al sistema de concesión de las ayudas socio-laborales.