El Ministerio Público ha solicitado ante la Audiencia Provincial dividir el caso ERE en tres bloques: las empresas beneficiarias de las ayudas; las sobrecomisiones y el procedimiento de Empleo para conceder las ayudas.
La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Sevilla para que ordene a la juez Mercedes Alaya la división en más de 200 piezas separadas del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y ha reiterado su advertencia de que el no hacerlo podría llevar a una instrucción «sine die» y a la prescripción de algunos de los hechos investigados.
Según recoge el recurso, que recogen agencias, «no proceder a la división de la causa en piezas tal como solicitamos se traduce en demorar la conclusión de la instrucción a la investigación de todas y cada unas de las piezas que han sido propuestas», lo que «supone una instrucción sine die», y también se traduce en «admitir que algunas de estas piezas no van a poder ser enjuiciadas o por falta de recursos en la instrucción o por prescripción de los hechos».
El Ministerio público sostiene que «la instrucción ha sido llevada a cabo por la magistrada delimitando los hechos a investigar y abriendo, como consecuencia necesaria del resultado de las diligencias que se han venido practicando, nuevas líneas de investigación que se han traducido en una macrocausa de extensión temporal subjetiva y material prácticamente inabarcable».
Tres bloques
La Fiscalía pide que se forme un primer bloque de piezas, que estaría compuesto por más de 200 relacionadas con las empresas «que se han visto beneficiadas de cantidades de dinero procedente de fondos de la Junta sin sujeción a procedimiento alguno u obviando los más elementales», e igualmente sin sujeción a «los principios de publicidad, eficiencia y justicia social en la utilización de los fondos públicos en materia de empleo y ayudas a empresas en crisis de la Junta».
Del mismo lado, propone la formación de un bloque relativo a las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos en la tramitación de las ayudas, el cual estaría «ceñido a la determinación y destino de las cantidades que no se corresponden con el pago de las pólizas de las ayudas, a las que habría que sumar las cantidades percibidas directamente de IFA/IDEA o de perceptores de las ayudas».
Además, insta a formar un tercer bloque sobre el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas, que incluiría el análisis de la legalidad del procedimiento utilizado por la Consejería de Empleo para la concesión de subvenciones sociolaborales, la encomienda de Gestión de 2010, o la competencia para el otorgamiento de las ayudas sociolaborales.