Detenida la delegada de Empleo en Sevilla por los cursos de formación

La juez deja en libertad con cargos a la ex delegada de Empleo en Sevilla, Aurora Cosano, y a otros siete detenidos este martes en una operación.

La juez Mercedes Alaya considera que la Junta de Andalucía habría creado «una red de clientelismo político» a través de la formación, según expone en los distintos autos de imputación de los distintos ex delegados provinciales de Empleo detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación ‘Barrado’ por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía.

Según informan agencias, en sus autos, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla pone de manifiesto que, desde la Consejería de Empleo de la Junta, se impartían «órdenes» a las distintas delegaciones provinciales de Empleo «para que no se controlara el dinero» destinado a la formación, «creando de esta forma una red de clientelismo político».

Asimismo, este miércoles la juez ha dejado en libertad con cargos a los primeros ocho detenidos que han comparecido en sede judicial, la última de ellas la hasta ayer delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Sevilla Aurora Cosano, que se ha negado a declarar y que ha quedado en libertad con cargos después de que la magistrada le haya imputado delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.

También han quedado en libertad con cargos la ex delegada de Empleo en Granada y actual directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí, Marina Martín Jiménez, cuyo abogado ha defendido su «absoluta inocencia»; la ex delegada de Empleo en Almería Francisca Pérez Laborda, y la presidenta de la UTE gestora del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (Ciomijas), en Málaga, María de la O Ustarán, para quien la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza civil de más de seis millones de euros.

La instructora ya dejó en libertad con cargos esta madrugada a las ex directoras generales de Formación Profesional para el Empleo de la Junta María José Lara -para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de más de un millón de euros- y María Teresa Florido; a la ex delegada de Empleo en Jaén Irene Sabalete, y a la ex directora gerente del consorcio Formades, en Almonte (Huelva), Ana María Orihuela.