La Junta convocará al Consejo Andaluz de Universidades para rechazar el decreto ley aprobado por el Gobierno. Rectores como el de la US y la UPO, se muestran en contra del decreto porque «encarecerá los estudios».
La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo convocará de forma urgente el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) la próxima semana para rechazar la aplicación del decreto aprobado este viernes en Consejo de Ministros que permitirá a las universidades ofertar grados de tres años más dos años de máster.
«Esta norma rompe el principio de igualdad, nace sin consenso de la comunidad educativa y supone un nuevo recorte encubierto del gasto público universitario, al encarecer la factura universitaria de los estudiantes y disminuir la financiación pública», asegura la Consejería en un comunicado que recogen agencias.
El real decreto aprobado por el Consejo de Ministros establece la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y que permite a los centros académicos ofertar, de forma voluntaria, grados de entre 3 y 4 años y másteres entre 1 y 2 años.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha resaltado que, con los datos actuales, la reducción en un año de la duración de los grados que decidan las universidades supondrá un ahorro en el coste de las tasas para las familias de 150 millones de euros. Gran parte de la comunidad universitaria, como rectores, sindicatos y estudiantes, se oponen a esta reforma planteada por el Gobierno.
Entre ellos, se encuentran los rectores de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Vicente Guzmán y de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, quien lamenta que el Gobierno de España no haya escuchado los «reiterados llamamientos» de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y el dictamen del Consejo de Estado.
Ramírez de Arellano señala que no parece el momento para este cambio «por precipitado, irreflexivo y por la vigencia» del RD 14/2012, que supone un «elevado coste de los másteres, lo que encarecerá los estudios universitarios y evitará que muchos estudiantes puedan completar su formación superior». El rector señala la incertidumbre del nuevo decreto respecto a los precios, ya que los estudios de máster en nuestro país son entre tres y cuatro veces más caros que los estudios de grado».
«Lo que deberíamos hacer las universidades y gobiernos es reflexionar y evaluar la implantación del EEES, que ahora está concluyendo, estudiar la empleabilidad de nuestros egresados, comprobar que se están teniendo mayores tasas de éxito, etc.; y no embarcarnos en una aventura de modificación de una estructura que nunca debió convertirse en un fin en sí mismo», concluye Ramírez de Arellano.
Por su parte, el rector de la UPO, Vicente Guzmán ha lamentado que la reforma se haya realizado «deprisa y corriendo, sin respetar las formas», mientras que en lo tocante al fondo «los objetivos son dudosos». Y es que aboga por el análisis pormenorizado de elementos como la cualificación que permite el sistema, las posibilidades de inserción laboral o los precios, «y cuando todo ello se debata, tomemos una decisión, que puede ser la que corresponda», ha declarado a agencias.
«Tenemos la obligación de garantizar los resultados», ha recordado el rector de la Olavide, recalcando asimismo que en el momento actual las personas con mayores problemas para permanecer en el mercado de trabajo son las menos cualificadas, cumpliendo así dicha cualificación «un papel muy importante para un empleo de calidad». uzmán asegura que «llueve sobre mojado» y que, estando ya las sedes académicas «muy castigadas» por el impacto de las medidas tomadas, el llamado decreto ‘3+2’ no traerá sino «otro problema», aludiendo a la «difícil» gestión de una estructura universitaria de este tipo con menos recursos.