Espadas espera que la investigación «avance» y «termine con este calvario»
Los ‘preimputados’ por los ERE, ‘blindados’ por el PSOE
La juez de instrucción Mercedes Alaya ha considerado que ningún miembro del Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chaves desconocía el mal uso de los fondos públicos en empresas públicas.
La jueza Alaya envía al TSJA la exposición razonada de los ERE
Según ha publicado El Mundo este miércoles, Alaya ha abierto la puerta a la implicación en el caso ERE a al Ejecutivo, presidido por Chaves, que tomó posesión el 25 de abril de 2004, después de las elecciones autonómicas del 14 de marzo de aquel año.
«Bajo ningún concepto lógico o razonable podría negarse el conocimiento y mantenimiento de dicho sistema por el propio Consejo de Gobierno presidido por don Manuel Chaves», ha señalado la juez en la exposición razonada remitida al TSJA con los indicios contra cuatro aforados.
Entre los miembros de este Gobierno se encontrarían la actual presidenta federal del PSOE Micaela Navarro, y a los viceconsejeros de la época, incluido el de Medio Ambiente y actual candidato del PSOE a la alcaldía de Sevilla, Juan Espadas.
Para Alaya, se trata de una «aportación novedosa» con respecto al escrito emitido al Supremo y que «constituye uno de los indicios de mayor relevancia sobre el conocimiento por parte de las más altas jerarquías de la Administración autonómica del uso ilícito de las transferencias de financiación y las consecuencias del mismo».
Según cuenta este diario, la juez considera «acreditado» que el Consejo de Gobierno conoció tres informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía alertando de un mal uso de los fondos públicos en numerosas empresas públicas. Pone fecha a los días en los que se abordaron esos informes: el 19 de abril de 2005, el 29 de agosto de 2006 y el 8 de mayo de 2007. Una aportación realizada a la causa por los abogados del PP, que pusieron en conocimiento de la juez Alaya que el Consejo de Gobierno manejó dichos informes.
Por su parte, el Tribunal Supremo ya considera imputados a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los ex consejeros Francisco Vallejo y Antonio Fernández, según el auto de la Sala de lo Penal del Supremo.