La Unión de Consumidores Andaluces (UCA-UCE) ha reivindicado que las denuncias formuladas por las organizaciones de consumidores ante la Junta «se extravían o no llegan a ninguna parte».
El pasado 7 de enero el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, anunció el inicio de una actuación de oficio para conocer en profundidad el ejercicio de la potestad sancionadora por los Servicios de Consumo de la Junta de Andalucía.
Desde el departamento que dirige Maeztu también se informó de que la tramitación de quejas en materia de consumo les ha permitido vislumbrar algunos aspectos que consideran que podrían mejorarse, y que son muchas las situaciones en las que los legítimos derechos de las personas consumidoras y usuarias quedan a la voluntad de las empresas sin sanción o reparación alguna. También que los mecanismos judiciales son costosos y lentos, lo que lleva al desistimiento en la mayoría de los casos.
La UCA-UCE ha afirmado que coincide con este análisis del Defensor del Pueblo Andaluz, y también ha alertado sobre «la dudosa capacidad para la gestión eficaz de las reclamaciones por parte de la Administración andaluza».
«Nos consta que son muchos los retrasos en la tramitación de expedientes sancionadores y que es posible que prescriban muchos casos. Pero, en cualquier caso, estimamos que lo más grave es la falta de información de la Administración de Consumo sobre las actuaciones que se desarrollan tras la denuncia, que muchas veces esconde la derivación de la patata caliente a otros organismos o entidades y la falta de celo en el seguimiento de los procesos de investigación».
Desde la UCA-UCE se ha valorado positivamente y apoyado la «pertinencia» de las actuaciones acometidas desde el Defensor del Pueblo de Andalucía para analizar la efectividad de los procedimientos y de las sanciones en materia de la consumo de los servicios de la Junta de Andalucía. «Experiencias propias concretas ponen de manifiesto la tremenda frustración que se genera a las organizaciones de consumidores y la falta de garantía en la defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias que constitucional y estatutariamente deben desarrollar administraciones competentes como la Junta de Andalucía».