Asturias se ha unido a la solicitud que han hecho llegar al ministro para que «no delegue en las comunidades la financiación de problemas de salud pública nacional como la hepatitis C, el ébola o la vacuna del neumococo».
La Junta de Andalucía y el Gobierno del Principado de Asturias pedirán hoy al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que habilite de forma inmediata un fondo económico que garantice un acceso equitativo a los medicamentos innovadores y una estrategia de control de precios para evitar situaciones de oligopolio en el sector.
En declaraciones a los medios previas al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de salud, los consejeros María José Sánchez Rubio y Faustino Blanco han valorado que el Gobierno de España haya corregido su posición errática con respecto al tratamiento de la hepatitis C y haya acordado desarrollar un Plan Estratégico Nacional para el Abordaje de la enfermedad.
Ambos consejeros han subrayado que dicho plan, exigido por Andalucía y Asturias, y que se confeccionará con el apoyo de las sociedades científicas, las autonomías y las organizaciones de pacientes, permitirá avanzar en la eliminación de la infección y establecer medidas que fomenten la prevención y la detección precoz y que garanticen el tratamiento con los medicamentos prescritos por los profesionales sanitarios, de acuerdo a las indicaciones de un comité técnico.
En este sentido, han aludido a la necesidad de actualizar los protocolos y guías y fijar los criterios por los que se guiará el Sistema Nacional de Salud a la hora de introducir y suministrar de forma ágil las nuevas terapias, que, en determinados supuestos, simplifican el tratamiento y aumentan las tasas de curación.
Sánchez rubio y Blanco han insistido en que se trata de un problema de salud pública de carácter global que requiere implicar al resto de estados de la Unión Europea para desarrollar una iniciativa conjunta y coordinada de todos los Estados miembros para introducir nuevas generaciones de fármacos innovadores sin comprometer la viabilidad de los sistemas sanitarios públicos y primando los criterios de eficiencia, eficacia y equidad.
Por ello, solicitarán que el Gobierno plantee en Europa la necesidad de que la Unión actúe como interlocutor ante la industria farmacéutica. Mientras se avanza en este sentido, ambos gobiernos seguirán trabajando para que ninguna persona enferma se quede sin la medicación más adecuada a su situación por causas económicas. En este sentido, han manifestado que la voluntad de ambas comunidades es seguir prescribiendo los medicamentos contra la hepatitis C y agilizar razonablemente los tratamientos y el control riguroso de las terapias.
En cuanto a avances realizados en este ámbito, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía está ultimando un programa informático específico para que las órdenes de dispensación hospitalaria del fármaco para los pacientes afectados de Hepatitis C se puedan realizar de manera electrónica. Sánchez Rubio ha explicado que esta nueva prescripción electrónica en hospitales para medicamentos contra la hepatitis C va a permitir agilizar los trámites para que los pacientes adquieran el tratamiento.
Por su parte, el principado constituyó en 2013 una Comisión de Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios (CURMP) con el fin de asegurar la calidad de la prestación farmacéutica y garantizar que todos los ciudadanos tengan igual acceso al medicamento que necesiten, cuando y donde lo necesiten, en condiciones de efectividad y seguridad.
Por otra parte, los titulares de Sanidad se han referido también a la necesidad de establecer un marco de financiación estable y equitativo tanto para el tratamiento de los posibles casos de ébola, como para la universalización de la vacuna del neumococo, dado que se trata de problemas de salud pública nacional, como es el caso del Ébola, una competencia exclusiva de Sanidad Exterior, y cuya financiación no corresponde por tanto a las comunidades, como quiere hacer el Gobierno central en un nuevo ejemplo de política errática.
Por último, han confiado en que el nuevo ministro, Alfonso Alonso, vire el rumbo y se aleje de la senda de recortes y privatizaciones que está atentando contra el principio de universalidad de la sanidad pública.