El ente fiscalizador recomienda en un informe realizar un análisis previo que compare la alternativa pública con la público-privada antes de realizar grandes proyectos de infraestructuras. Argumenta su tesis por el sobrecoste de proyectos como la Línea 1 del metro de Sevilla.
La Cámara de Cuentas advierte a la Junta de Andalucía de que el «argumento definitivo» para optar por la financiación público-privada en la ejecución de infraestructuras «no debe ser en ningún caso la repercusión en el déficit y el endeudamiento», por lo que defiende que «el uso de esta modalidad debe justificarse mediante un análisis previo que compare la alternativa pública con la público-privada».
Así lo argumenta en las recomendaciones finales de un informe que analiza las actuaciones público-privadas de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía durante el ejercicio 2013 difundido este miércoles por el órgano fiscalizador.
En dicho informe, la Cámara de Cuentas analiza el caso de proyectos como la línea 1 de metro de Sevilla, ejecutado mediante contrato de concesión de obra pública. El organismo señala que como consecuencia de distintas desviaciones, «se ha producido un cambio en la financiación prevista por parte de la Junta de Andalucía que asciende a 1.095 millones de euros, más del 75% de la cifra prevista en el momento de la adjudicación.
Según este informe, en el momento de la adjudicación, la Junta debía aportar 1.444,3 millones para la construcción de la primera línea del metro de Sevilla. Sin embargo, al cierre de 2013, la Administración autonómica había aportado 2.538,9 millones, un 75’8% más.
En este sentido, la Cámara de Cuentas ha detectado que entre la financiación pública empleada para subvencionar la construcción del Metro de Sevilla se han aplicado inadecuadamente transferencias de financiación de capital, entre los años 2005 y 2009, por importe de 165,4 millones de euros.
Como posibles explicaciones a estas desviaciones, la Cámara de Cuentas recoge un total de 46 expedientes de modificación del contrato por importe de 202.423.601 euros, lo que supone un incremento del 53% de la oferta económica inicial. Con respecto a los costes facturados por la empresa adjudicataria al margen del contrato, se han alcanzado la cifra de 41.146.794 euros en 44 facturas emitidas durante el periodo 2007-2010.
«El 70% de estas facturas se han formalizado sin un procedimiento de adjudicación y tramitado como ‘expedientes de liquidación de gastos’, fórmula que no tiene cobertura legal. Por tal circunstancia, se ha procedido a su pago por la vía del ‘enriquecimiento injusto’ de la Administración», señala el ente en su informe
Además, con respecto a los costes facturados por terceros no incluidos en la concesión, ha supuesto un incremento de 50.636.295,51 euros, soportado en 18 expedientes de contratación. Estas desviaciones soportadas por la Administración «contradicen lo contemplado en la cláusula 33 del Pliego de Cláusulas Administrativas y Particulares, ya que establece que la totalidad del contrato de concesión, en sus aspectos de construcción, explotación, conservación y financiación se desarrolla a riesgo y ventura del concesionario», según el ente fiscalizador.
Difícil justificación
Según explica la Cámara de Cuentas, en el Metro de Sevilla, la Administración andaluza ha financiado, hasta el 31 de diciembre de 2013, 376,4 millones, a la que hay que añadir la previsión de aportación financiera a la construcción para el ejercicio 2015 de 1,4 millones que se recoge en la Memoria de Cuentas Anuales de la Agencia para 2013.
«Al comparar este total financiado con el importe que la concesionaria presentó como coste inicial de la obra de construcción, que ascendió a 382 millones, se observa que el 98% de ese coste inicial ha sido atendido con recursos presupuestarios cuando la previsión inicial era subvencionarlos al 33%», recoge el ente en su informe.
«Además, las anualidades a satisfacer en el periodo de explotación del servicio en ambos Metros se han incrementado, por lo que la premisa de ausencia de desviaciones con respecto al presupuesto contratado no se ha cumplido, siendo ésta una de las ventajas que se atribuyen a este modelo de financiación».
En su informe de fiscalización, la Cámara de Cuentas sugiere a la Junta «la transferencia efectiva del riesgo de construcción al contratista» para que «la fórmula de concesión de obra pública no afecte al cómputo del déficit y el endeudamiento». Para ello propone «no incluir en el objeto del contrato la redacción del proyecto constructivo correspondiente, quedando éste a cargo de la propia Administración o de un tercero independiente».
Además el órgano fiscalizador señala que, «dado el tratamiento contable de este tipo de concesiones, el Parlamento no tiene conocimiento ni autoriza el volumen de compromisos adquiridos, lo que no ocurre si la infraestructura es financiada a través de las formas tradicionales», por lo que recomienda que «en la documentación que acompaña al proyecto del presupuesto anual se incorpore de forma explícita información suficiente sobre estas operaciones y los compromisos que suponen a lo largo de todo su plazo de vigencia».
IU habla de «expolio»
En el capítulo de reacciones, el portavoz del Grupo parlamentario de IU, José Antonio Castro, ha señalado que la formación de izquierdas comparte “plena coincidencia con la Cámara” porque “llevamos dos años y medio adelantándonos a las recomendaciones”. Así, Castro ha pedido al PSOE “una rectificación” y que apoye la proposición no de ley presentada la pasada semana por IU en el Parlamento. “Del PP no esperamos nada”, ha añadido.
Tras explicar que IU “no demoniza” el sistema de colaboración público privada, sí ha asegurado que “demoniza el expolio público privado” y que este informe “pone negro sobre blanco el expolio de la CPP del que ya había alertado IU”.
Por tanto, para IU el informe del órgano fiscalizador, “debe ser el punto y final de la mal llamada colaboración público privada en Andalucía” para las obras de infraestructura pues supone “un error histórico y es cosa del pasado”.
Por último, Castro ha indicado que IU “llegó a tiempo a frenar todo lo que fue posible” gracias a la gestión en la Consejería de Fomento y Vivienda y “este informe nos da la razón en todo”.