La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, en la presentación de una nueva línea de ayudas de la Junta

Ayudas al alquiler para familias desahuciadas

Según Cortés la Junta de Andalucía ha reclamado al Constitucional que levante la suspensión cautelar hasta que haya una sentencia. Dice que ha quedado «acreditado» que el Gobierno «mintió», al aportar datos erróneos sobre el número de viviendas en manos de SAREB, que no eran 911, sino 98.

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés ha recordado que Andalucía fue la primera comunidad autónoma en desarrollar un marco legislativo para evitar los desahucios en casos extremos, concretamente mediante la Ley de Función Social de la Vivienda. Dicha norma fue parcialmente recurrida por el Gobierno en diciembre del año pasado, forzando la paralización cautelar de los mecanismos para sancionar a entidades financieras por mantener viviendas vacías y para expropiar temporalmente el uso de viviendas a los bancos para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social.

Durante la presentación de una nueva línea de ayudas para familias en proceso de deshaucio, Cortés ha anunciado que, «una vez acreditado que el Gobierno recurrió la Ley aportando datos falsos, el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía ha presentado alegaciones ante el Tribunal Constitucional solicitándole el levantamiento de la suspensión cautelar de la norma. Los magistrados del Constitucional ya tienen sobre su mesa la documentación que demuestra que el Gobierno les mintió”, ha afirmado Cortés, que ha recordado que la suspensión de la Ley “provoca desahucios cada día”.

El Gabinete Jurídico de la Junta ha presentado nueva documentación al Constitucional que acredita que el informe de la Sareb incorporado al recurso incluía “datos falsos”, ya que dicha entidad no posee 911 viviendas, sino 98. Ello anula todo valor del informe y “desvirtúa su presunción de veracidad”, según la alegación. Los servicios jurídicos de la Administración también han incorporado el Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España elaborado en 2014 que, en contra de lo que afirmaba el Gobierno en su recurso, acredita que la ley lógicamente no ha deteriorado el sistema financiero español, y que éste de hecho según este informe ha experimentado “una mejora de las condiciones de financiación en los mercados nacionales”.

“Ni la Ley iba a destruir la economía española ni la Sareb tenía 911 VPO, sino diez veces menos. Es razonable pensar que si los únicos hechos sometidos a prueba de verdad han resultado falsos, absolutamente todo el recurso puede estar basado en mentiras y exageraciones”, ha señalado Cortés. El Gabinete Jurídico de la Junta ha reclamado con todo ello al Constitucional que tenga en consideración esta nueva información y levante la suspensión cautelar de la Ley hasta que haya sentencia.