Nueve detenidos por fraude en los cursos de formación

La magistrada que instruye el caso de los ERE y los cursos de formación de la Junta ha imputado al que fuera consejero de Hacienda de la Junta por presuntos delitos de prevaricación y malversación.

La juez Mercedes Alaya ha imputado en la causa abierta por las presuntas irregularidades en relación a las ayudas a cursos de formación y subvenciones por parte de la Junta de Andalucía a sindicatos y otras entidades, al que fuera consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda, por dos presuntos delitos, uno continuado de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos.

En un auto dictado el 11 de septiembre de 2014, del que informan agencias, la magistrada señala que, según los atestados remitidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en virtud del informe de la Dirección General de la Inspección de Trabajo, «en poco más de año y medio las entidades pertenecientes a Ojeda, integradas todas ellas en el Grupo Prescal, habría recibido, con cargo al programa 32D dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo, la suma de 33.309.789,16 euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación», todo «a través de asociaciones controladas por él».

Así, entiende que esas subvenciones, otorgadas entre el 10 de agosto de 2009 y el 3 de diciembre de 2013, las habría obtenido «gracias a sus influencias en la Junta en virtud de sus antiguos cargos y contactos». Estos hechos, considera Alaya, «podrían ser constitutivos por parte de Ángel Ojeda de un delito continuado de prevaricación y de malversación de caudales públicos», quedando imputado y pendiente de toma de declaración ante la magistrada.

La imputación de Ojeda se suma a la del el ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, quien hasta ahora era el único imputado en la causa de los cursos de formación que investiga la juez.

La juez, en un auto dictado el pasado 16 de julio, imputó a Antonio Fernández dos presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos tras haber concedido 70 millones de euros en ayudas para el plan de formación de los extrabajadores de la empresa Delphi, citándolo a declarar el próximo 16 de octubre.