Defensora del Pueblo y Unicef dicen que el objetivo final debe ser la plena gratuidad de los libros y materiales didácticos empleados en las enseñanzas obligatorias.
Se propone también reducir los costes al máximo, con medidas como el impulso de sistemas de préstamo y la reutilización de libros. La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y el Presidente de Unicef Comité Español, Carmelo Angulo, han hecho este martes un llamamiento conjunto dirigido a las autoridades educativas y al conjunto de actores públicos y privados, para que alivien al máximo la carga económica que suponen los libros de texto para las familias.
Ambas entidades recuerdan el importante esfuerzo que las familias deben realizar en el inicio del curso escolar, momento en el cual los libros de texto suponen una partida destacada en los presupuestos de las familias.
En el estudio publicado por el Defensor del Pueblo en octubre de 2013 Gratuidad de los libros de texto: programas, ayudas, préstamos y reutilización, se planteó la necesidad de habilitar los medios precisos para que todos los niños puedan cursar las enseñanzas obligatorias con carácter gratuito, como establece la Constitución. Sin embargo, el informe constata que el objetivo de gratuidad de los libros de texto ha sufrido un retroceso en los últimos años, momento en el que las familias atraviesan por mayores dificultades para hacer frente a estos costes.
El Defensor del Pueblo recomienda que se favorezcan los sistemas de préstamo y reutilización de los libros de texto y destaca que los materiales escolares tienen un alto coste para la sociedad, vía presupuestos del Estado, de las comunidades autónomas y para los padres. En su opinión, es necesario que los alumnos sean conscientes de ello y adquieran el hábito de la reutilización de los mismos, en las mejores condiciones posibles. Para la Defensora, “hacer posible la reutilización supone conductas de ejemplaridad en la sociedad y buen uso de los bienes que pueden y deben ser compartidos”.
Por su parte, el Presidente de Unicef Comité Español, Carmelo Angulo, señala que “la educación es uno de los derechos de los niños y las niñas que más capacidad tiene para romper el círculo de la pobreza y la exclusión social. Para que esta capacidad sea efectiva es imprescindible garantizar el acceso de todos los niños en igualdad de condiciones. La situación económica de la familia no puede ser un obstáculo para que un niño o niña desarrolle todo su potencial y acceda a todos sus derechos”.
Por todo ello, el Defensor del Pueblo y el Comité Español de Unicef instan a todas las administraciones e instituciones a poner en marcha las medidas oportunas para alcanzar la gratuidad y promover sistemas universales de préstamo y reutilización de los libros de texto. Una medida importante en esta dirección es la puesta en marcha de la Disposición Adicional Quinta incluida en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), según la cual “el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte promoverá el préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales curriculares para la educación básica en los centros sostenidos con fondos públicos, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación”.