La Unión de Consumidores de Andalucía ha denunciado el nuevo decreto que regula el registro andaluz de asociaciones de consumidores y usuarios, ya que aborda por esta vía, tanto el régimen jurídico de las mismas, como su carácter más representativo.
«Desde la Unión de Consumidores de Andalucía hemos venido evidenciando en los últimos tiempos nuestra preocupación por el Decreto que preparaba la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, departamento competente en materia de consumo dirigido por Diego Valderas y que ayer era aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía», ha afirmado la asociación.
A este respecto, desde UCA-UCE, «defendemos y defenderemos la necesidad de reserva de ley para un texto normativo de estas características, que no sólo estará para regular como inicialmente se contempló, la ordenación del citado Registro Público, sino que también pretende por esta vía de decreto, articular el régimen jurídico de las asociaciones e incluso los criterios para ser o no organizaciones más representativas en Andalucía».
Para la UCA-UCE el texto aprobado este martes por el Gobierno andaluz incorpora «elementos tan inquietantes como que las organizaciones de consumidores lleguen a medirse en función del poder adquisitivo de las personas socias que en ellas se integren, en base a las cantidades recaudadas por cuotas, dejando sin valor las políticas propias de asociacionismo que puedan libremente tener las organizaciones en función de acoger en su seno a personas con independencia de su poder adquisitivo o de su capacidad de atender el pago de dichas cuotas».
La asociación advierte a la Junta que el texto «no debería ser tan preponderante entendemos, un criterio que valoraría sobremanera el copago de la ciudadanía a su asociación por los servicios recibidos, frente a otros tales como la accesibilidad del conjunto de la ciudadanía a nuestros servicios, el número de convenios firmados con otras entidades o la trayectoria de participación institucional desarrollada entre otros».
UCA-UCE ha considerado que con el nuevo decreto se estarían imponiendo por parte de la Junta de Andalucía los criterios de cuotas y admisión de personas asociadas con un «excesivo y desmesurado» intervencionismo de la administración, en una sociedad democrática y libre.
Así, tras su entrada en vigor, la Unión de Consumidores de Andalucía tendría que modificar su política de socios exigiendo a personas desempleadas y en riesgo de exclusión social el pago de la cuota de socio/a para que puedan ser computados como tales a efectos de representatividad de las asociaciones de consumidores y usuarios. «En UCA-UCE entendemos que esta política de establecimiento del “copago” en el ámbito del consumo supondría la mera mercantilización de las asociaciones de consumidores».