La consejera de Fomento, Elena Cortés, en una intervención parlamentaria

Piden la dimisión de la consejera «por su negligente actuación al frente de este departamento y  los perjuicios ocasionados a la ciudadanía afectada por estos retrasos».

Según la Unión de Consumidores de Andalucía «miles de afectados» por impagos de las bonificaciones de hipotecas concedidas por la Junta verán ingresado su dinero tras la denuncia efectuada.

Este martes se ha aprobado, en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, una orden de transferencia de 5,2 millones de euros para realizar el pago de las deudas que la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, tenía comprometidas por las bonificaciones de hipotecas concedidas en su día.

Así desde la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) señalan que se encuentran «satisfechos por la valía de nuestro trabajo y por haber conseguido, tras la presentación de nuestra denuncia, el cumplimiento de los compromisos en su día adquiridos desde la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, sin embargo no deja de preocuparnos que, desgraciadamente, una vez más, haya habido que efectuar reclamación de estos hechos para que los ciudadanos vean reconocidos sus derechos».

En concreto, UCA-UCE hace referencia a la denuncia de los impagos de 250 euros al mes que los afectados tenían concedidos por un período de cinco años en concepto de bonificaciones para asumir el pago de cuotas en los primeros años de sus créditos hipotecarios. El «incumplimiento reiterado» por la Junta durante varios meses en el pago de estas bonificaciones estaban llevando a muchos ciudadanos «a situaciones límite respecto al pago de sus hipotecas, que temían incluso la desesperación de verse afectados por procesos de desahucios. En dichas circunstancias se acercaron a nuestras oficinas muchas de las personas afectadas para demandar nuestra actuación y articular su mejor defensa».

Es por eso que la Unión de Consumidores de Andalucía lamenta «la falta de operatividad» de la Consejería de Fomento y Vivienda «que ha venido durante varios meses desoyendo las demandas y reclamaciones de los ciudadanos afectados». UCA-UCE señala que «sólo a raíz de nuestro anuncio de acciones administrativas y judiciales se ha dado marcha atrás y se ha anunciado que se va a cumplir con los compromisos en su día adquiridos» por lo que considera necesaria la asunción de responsabilidades políticas «que deberían conllevar la dimisión de la actual titular de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, al haber originado un grave perjuicio hacia muchos de los ciudadanos afectados, derivados de la falta de capacidad y operatividad de su departamento para realizar tareas de buen gobierno».

UCA-UCE solicita «que se haga efectivo el pago de forma urgente para paliar la grave situación económica vivida por muchas de las personas afectadas».