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El objetivo, según ha explicado la consejera María José Sánchez Rubio, es luchar contra los efectos de la crisis en los menores.

La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales pondrá en marcha a finales de año el Plan Integral de Atención a la Infancia que tiene entre sus principales objetivos paliar los efectos que la crisis está teniendo en los niños y niñas andaluces y preservar sus necesidades básicas evitando situaciones de riesgo. La lucha contra los efectos de la pobreza infantil y la brecha de desigualdad que la crisis está provocando exigen definir una estrategia contra la pobreza infantil.

La consejera del ramo, María José Sánchez Rubio, ha subrayado que “el Gobierno andaluz está trabajando con medidas concretar para paliar el riesgo de exclusión social en los menores pero igualmente es necesario avanzar en un enfoque global de los problemas y necesidades de la infancia”. Por este motivo, el nuevo Plan Integral de Atención a la Infancia tiene como prioridad que los niños y niñas tengan un papel activo y protagonista en los asuntos públicos. Además, supondrá reconfigurar el sistema de atención a la infancia para centrarlo en las necesidades reales de los menores. En definitiva, mejorar el bienestar y calidad de vida de la infancia y adolescencia en Andalucía, comprometiendo a la familia, la sociedad y los poderes públicos.

El Plan, con un horizonte de desarrollo hasta el 2020, tiene como objetivo que los menores se sientan seguros y protegidos, que disfruten de reconocimiento social y sus derechos sean respetados, promover su salud, su bienestar y educación desde que nacen y que sean ciudadanos activos. Esta estrategia promoverá la participación activa de los menores, fundamentalmente a través de las entidades locales.

Además, el Plan fomentará el desarrollo de las capacidades de los padres y madres para garantizar el desarrollo de las capacidades de los niños. El objetivo es apoyar a las familias en el cuidado de los niños.

El nuevo Plan integrará de forma transversal la infancia en todas las políticas para que los menores sean el centro de todas las acciones públicas. Para diseñar esta iniciativa se ha contado con la experiencia del Plan anterior, que ha permitido desarrollar más de 250 acciones concretas.

Plan Nacional Pobreza Infantil

De otro lado, el Gobierno andaluz reitera su oposición al reparto de fondos del Plan Nacional de Pobreza Infantil realizado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Para Sánchez Rubio, “este reparto supone una clara discriminación para los menores andaluces en riesgo de pobreza o de exclusión”. Tal y como subraya la consejera, “los andaluces vuelven a ser discriminados por el Gobierno central en el reparto de fondos y, en esta ocasión, es todavía más grave porque está en juego la atención a los menores en riesgo de pobreza”.

El reparto de fondos no ha tenido en cuenta el criterio poblacional en la distribución. El Plan destina 1,2 millones de euros para Andalucía, mientras que si se contemplase el criterio de población la comunidad andaluza debería recibir 4,3 millones de euros.

Con el reparto planteado por el Ministerio, cada menor andaluz en riesgo de exclusión recibiría 1,90 euros frente a los 153,02 que se destinarían a los menores de Ceuta o 55,30 euros para los menores de La Rioja. La consejera ha insistido en que la situación «es absolutamente desequilibrada», porque «no podemos tener un presupuesto igual para más de 636.000 menores, 1,2 millones, y que en Ceuta tienen para 8.500 menores, 1,3 millones de euros».

La consejera ha manifestado que “es necesario usar algún criterio poblacional que complemente el indicador AROPE; no se puede usar solo porque puede generar desigualdades”. Este indicador de la Unión Europea se construye teniendo en cuenta datos de población bajo el umbral de la pobreza, privación material severa y empleo, pero no tiene en cuenta el volumen de personas.

Los fondos que destina el Ministerio al Plan se limitan a 16 millones para todo el Estado, lo que supone un millón menos que lo que Andalucía viene destinando en sus presupuestos propios a la lucha contra la exclusión social en los menores.

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