La asociación de consumidores ha exigido a la Junta que cumpla sus compromisos respecto a esta medida para evitar más desahucios.
El vicepresidente de la Unión de Consumidores de Andalucía UCA-UCE, Miguel Ángel Ruiz Anillo, ha anunciado la puesta en marcha de acciones de defensa de las personas afectadas por el «incumplimiento» de lo dispuesto en su día por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se aprobaba una línea de préstamos reintegrables de la Comunidad Autónoma de Andalucía destinada a la adquisición de vivienda libre en Andalucía, con el fin de facilitar a los andaluces el acceso a una vivienda en condiciones ventajosas y, por otra parte, reactivar la economía.
En el año 2009 se plasmaba un acuerdo con la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), organismo dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, por el que se daba luz verde a unos préstamos reintegrables para la compra de vivienda libre, con el fin de impulsar la venta del stock de viviendas libres de Andalucía. «El problema, según la asociación, se ha detectado cuando las personas que firmaron dichos préstamos, creyendo que iban a recibir una ayuda mensual de la Consejería de Fomento y Vivienda, han visto que tal ayuda no termina de llegar».
Hay resoluciones de la Consejería que conceden hasta 15.000 euros a los usuarios en 60 mensualidades, lo que se traduce en una ayuda comprometida de 250 euros al mes para el pago de la hipoteca por la vivienda adquirida.
Tal y como ha informado Ruis, la no recepción de estas ayudas coloca a las personas afectadas y sus familias en situaciones «muy difíciles», al no poder hacer frente al pago de las cuotas de su hipoteca en la mayoría de los casos, y podría dar lugar a que se acometieran procesos de desahucios. Por ello, UCA-UCE pone su red de oficinas territoriales en toda Andalucía a disposición de las personas afectadas, cuyo número estimamos puede ser muy grande.
UCA-UCE ya ha atendido diversas consultas de personas afectadas por esta cuestión y ha comenzado el proceso de defensa de los afectados en vía administrativa ante la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. No obstante, no ha descartado la puesta en marcha de otras vías como la judicial en caso de que siga sin haber respuesta favorable de la Consejería. «Además comunicaremos tan lamentable situación al Defensor del Pueblo de Andalucía y a los grupos políticos del Parlamento de Andalucía».