A partir del próximo curso los profesores deberán mostras más pruebas que verifiquen el suspenso de un alumno. La nueva normativa de la Junta de Andalucía incrementa en 16 los documentos que serán necesarios incluir en el expediente de los centros educativos.
La Junta de Andalucía ha endurecido la norma para demostrar el suspenso de los alumnos. Según informa este viernes los diarios del Grupo Joly, la nueva normativa de la Junta incrementa el número de pruebas que ha de aportar el equipo docente de los colegios e institutos para verificar que un estudiante no ha superado la evaluación de una asignatura.
Hasta el presente curso los docentes debían aportar 12 documentos para el expediente que ha de tramitar la comisión técnica provincial de reclamaciones. A partir sel curso que viene los documentos ascenderán a 16, entre los que se incluyen la obligación de adjuntar los cirterios y procedimientos que garanticen «el rigor y la transparencia» en la toma de decisiones por los equipos docentes en los procesos relacionados con la evaluación del alumnado, condición recogida en los reglamentos orgánicos de funcionamiento de los centros.
Además, si el alumno ha suspendido una asignatura que tampoco ha conseguido culminar el año anterior se tendrá que incluir el programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. En el caso de que el alumno repita la materia, hay que aportar el plan específico personalizado orientado a que el estudiante supere las dificultades detectadas. Otra novedad, y quizás la más criticada, es la exigencia de la grabación de las pruebas orales.
Para Francisco Hidalgo, presidente del Sector de Enseñanza de CSIF Andalucía, “con la nueva normativa que plantea la Consejería de Educación, todos los estudiantes están aprobados salvo que se demuestre lo contrario”.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, de Andalucía ha denunciado del “mundo al revés” que supone la nueva normativa de reclamación de suspensos que plantea la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y ha alertado de las «graves consecuencias» que, a su juicio, supone para la calidad del sistema educativo andaluz puede conllevar dicha norma.
Para el Sector de Enseñanza de CSIF-A, dicha norma, que incrementa el número de pruebas que ha de aportar el equipo docente de los colegios e institutos para verificar que un estudiante no ha superado la evaluación de una asignatura, está creando “perplejidad entre los docentes que la van conociendo”, ya que se pasa de 12 documentos a 16 que se han de aportar para el expediente que ha de tramitar la comisión técnica provincial de reclamaciones a partir del próximo mes de septiembre, incluida una grabación en caso de que se realice una prueba oral.
Para el presidente del Sector de Enseñanza de CSIF-A, Francisco Hidalgo, “las consecuencias de dicha norma serán muchas y todas negativas. Si ya era desmesurado el anterior procedimiento, nadie se explica esta nueva vuelta de tuerca, salvo que obedezca a razones inconfesables relacionadas con la culpabilidad de nuestros gobernantes y el marketing político. Tampoco es menor el menoscabo importante que produce en la autoridad del profesorado, ya devaluada por actuaciones de este tipo, precisamente por quien dice, y debe, defender la dignidad del profesorado y su reconocimiento social”.
En este sentido, Hidalgo ha señalado que “no es menor el aumento de la ya farragosa e injustificable burocracia que tienen que soportar los equipos directivos de los centros y los propios docentes. Y, sobre todo, hacerlo cuando no existe indefensión alguna por parte del alumnado para los casos error en el proceso de evaluación, tal y como ha quedado ampliamente demostrado”.
“Lo peor es el desconocimiento profundo que demuestran de la realidad educativa quienes nos gobiernan, quienes se supone deben conocer a fondo la materia que gestionan, generando problemas gratuitos e innecesarios cuando son tantos los campos que tienen desatendidos, en la educación y en la gestión de la comunidad educativa en general”, ha argumentado Hidalgo.
“Sólo faltaría que con la nueva normativa se disparara el número de estudiantes que reclaman, aquellos que el delegado de Educación de Sevilla cifra en el 0´06% del total de estudiantes sevillanos. Ahora, con la nueva normativa que plantea la Consejería de Educación, todos los estudiantes están aprobados salvo que se demuestre lo contrario”, ha concluido Hidalgo.