El Gobierno autonómico ha remitido al Ministerio de Justicia un informe en el que insiste en la vulneración del derecho a decidir de la mujer, un peligro para su salud y sitúa a los profesionales en una situación de inseguridad jurídica.
La Junta de Andalucía ha remitido al Ministerio de Justicia un informe sobre el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embazada. Así lo han informado hoy la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, y el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, quienes han destacado que tiene como una de sus conclusiones la retirada del anteproyecto.
Este informe, remitido a petición del Ministerio de Justicia ayer viernes, recoge, por un lado, argumentaciones basadas en el ordenamiento jurídico sobre los derechos de la mujer que quedan vulnerados y coloca a los profesionales en una situación de inseguridad jurídica, así como aspectos técnicos en el ámbito de la salud pública que explican el peligro que la aplicación de la nueva norma supondría para la salud de la embarazada.
Sánchez Rubio se ha referido al anteproyecto de ley como un texto que “nos retrotrae a un sistema de supuestos, que nos devuelve a la España de hace más de 30 años en los que la interrupción voluntaria del embarazo no se consideraba un derecho”. Es por ello que ha calificado el texto como una normativa que “vulnera la dignidad de la mujer, así como su derecho al libre desarrollo de su personalidad y elimina el derecho a decidir sobre su maternidad”. Asimismo, incurre en una infracción de derechos garantizados en la Constitución Española, “concretamente el derecho a la integridad física y moral de la mujer, a su intimidad, dignidad”, a la vez que vulnera el principio de “igualdad y no discriminación”.
Este informe incluye, por segunda vez, la solicitud de retirada del anteproyecto en tanto pretende “instaurar un modelo que se desentiende de la necesaria seguridad jurídica de los ciudadanos”, ha apuntado el consejero de Justicia e Interior. De Llera ha manifestado que vulnera el derecho “a la autodeterminación, a tomar las decisiones más importantes de su vida, entre los que se halla el derecho a ser madre”. Es por ello que desde el Gobierno andaluz se defiende el mantenimiento de la Ley 2/2010 que “confiere una mayor seguridad jurídica y respeta la libertad de las mujeres” según ha señalado de Llera. El consejero ha insistido en que “las restricciones excesivas a la libertad de la mujer resultan prácticamente imposibles de justificar constitucionalmente”.
Conclusiones del informe
El informe remitido al Ministerio de Justicia sobre el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embazada recoge, como conclusiones, que, llegado el caso de su aprobación definitiva sin modificaciones del texto actual, se pondría en riesgo la salud de la mujer y eliminaría su derecho a decidir, a su autodeterminación.
Asimismo, supondría la no disminución del número de abortos, sino más bien lo contrario, un incremento de los mismos; generaría un aumento del número de interrupciones voluntarias del embarazo inseguras, con repercusiones que pueden llegar a ser graves para la salud de la mujer; y se traduciría en un incremento del número de recién nacidos con enfermedades congénitas graves y limitantes.
A ello se sumaría, además, una discriminación en función de los recursos económicos, en tanto se perjudicaría a las mujeres en situación más desfavorecida y que, por tanto, son las que sufrirían más las consecuencias (aumento del número de hijos provenientes de embarazos no deseados, abortos inseguros, aumento de hijos e hijas con enfermedad congénita grave). Una vuelta a la situación de inseguridad jurídica para los profesionales, que puede llevar a que se retraigan muchos de ellos a la hora de hacer informes. El sistema de plazos, sin embargo, ofrece mucha más seguridad jurídica.
Otra de las conclusiones se refiere a la complejidad del proceso, lo que retrasaría la IVE y obligaría a abortos tardíos que son menos seguros que los precoces.
El informe apunta también que la única forma efectiva de reducir los abortos es una mayor educación afectivo-sexual y un mejor y más fácil acceso a los métodos anticonceptivos y estos aspectos, perfectamente definidos en la normativa actual y que no aparecen en el anteproyecto aprobado.
Derechos vulnerados
Según el informe, el nuevo texto normativo, que tiene por objeto sustituir la Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, vulnera la dignidad de la mujer, así como su derecho al libre desarrollo de su personalidad. Vulnera el derecho a la autodeterminación libre, consciente y responsable de la mujer sobre su propia e íntima maternidad y sobre su integridad física y moral. Por lo que constituye, según apunta el texto, “una alteración del disfrute de los derechos fundamentales de la mujer y constitucionalmente garantizados en el ámbito de su libertad y de autodeterminación personal”.
Así lo ha señalado Sánchez Rubio, quien ha recordado, además, que la nueva normativa “supone un serio riesgo para la salud sexual y reproductiva de las mujeres y abre la puerta a que los profesionales de la salud vuelvan a padecer una situación de inseguridad jurídica.
En esta línea, la consejera del ramo ha recordado el posicionamiento contrario que algunas organizaciones profesionales y sociedades científicas han realizado respecto al anteproyecto, como es el caso de la Organización Médica Colegial que manifestó, a través de su presidente, que el médico no es capaz de adivinar cómo afectará el aborto a la salud mental de la mujer.
Incremento de abortos inseguros
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha señalado, en referencia a las argumentaciones remitidas al Ministerio en el ámbito de la salud pública, que el nuevo texto normativo sitúa la interrupción voluntaria del embarazo en un marco de seguridad dudoso en tanto “existe evidencia de que las legislaciones restrictivas como la que se plantea no evitan el aborto, sino que provocan un incremento de los abortos inseguros”.
Se estima que a nivel mundial se realizan cada año 42 millones de interrupciones voluntarias del embarazo, de las que aproximadamente 20 millones se practican en circunstancias inseguras. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) pone de manifiesto que las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas sin un mínimo estándar sanitario suponen un alto riesgo de morbi-mortalidad de la mujer como consecuencia, principalmente, de hemorragias, infecciones y/o envenenamiento. Aproximadamente 47.000 mujeres mueren cada año por un aborto inseguro y muchas más sufren secuelas a largo plazo, incluyendo la infertilidad.
Con la nueva normativa, más del 93% de las interrupciones voluntarias de embarazos que se realizan actualmente en Andalucía y más del 91% de las que se hacen en España se producirían bien fuera de España o se harían de forma insegura.
A nivel mundial, el 20% de mujeres entre 15 y 44 años viven en países donde no se permite legalmente la interrupción voluntaria del embarazo o está limitado a salvar la vida de la mujer cuando ésta está en peligro. El 57% vive en países donde el aborto inducido tiene menos restricciones legales y las mujeres pueden solicitarlo por diversas razones.