Álvarez dice que su gestión fue «transparente»
La ex consejera reitera que es Empleo la responsable de los ERE
La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 29,5 millones de euros a la ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez. Ésta ya ha anunciado que recurrirá la medida cautelar.
La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares fraudulentos en el seno de la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 29.568.129,20 euros a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez, una medida cautelar que «tiene una decidida finalidad, cual es la devolución en la medida de lo posible del dinero que de manera indiciariamente ilícita ha salido del erario de la Junta».
En un auto, al que ha tenido acceso agencias, la juez Mercedes Alaya impone además una fianza civil de 22.176.096,89 euros al exviceconsejero de Economía y Hacienda entre 1990 y 2004 José Salgueiro, y de 8.870.438,76 euros al exsecretario general de Hacienda andaluz entre 2000 y 2004 Antonio Estepa.
En la resolución, contra la que cabe recurso, la juez concede a los tres imputados el plazo de una audiencia, a contar desde el siguiente día a la notificación del auto, para la prestación de la fianza, advirtiendo de que ordenará el embargo de bienes para cubrir dichas responsabilidades si no se abona la fianza en dicho plazo.
En la primera de las dos comparecencias de Magdalena Álvarez ante la juez, celebrada el 8 de octubre de 2013, ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta solicitaron medida alguna para la imputada, mientras que la acusación que ejerce Manos Limpias pidió que se le impusiera una fianza de responsabilidad civil de 125 millones, más el tercio legal previsto.
Alaya considera que Magdalena Álvarez y los otros dos imputados, en virtud de los cargos ostentados, «serían promotores, en connivencia con otros, del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales que se instaurarían en la Administración Autonómica desde el año 2000 y que perduraría hasta el año 2011», un procedimiento que «consistía en dotar a la Consejería de Empleo de un crédito presupuestario, las denominadas transferencias de financiación, legalmente inadecuado para el otorgamiento de tales subvenciones», ya que «su finalidad era financiar operaciones genéricas de los entes o empresas públicas».
Al hilo de ello, la instructora incide en que la adopción de este procedimiento «al margen de la Ley» se iniciaría, «entre otros, con la autorización de los inculpados encargados de la elaboración del presupuesto anual, en virtud del interés de la Junta de dar mayor agilidad a los procesos de ayudas sociolaborales». La jueza establece que la «concesión de subvenciones sociolaborales necesariamente se realizaría con absoluta discrecionalidad y de forma totalmente opaca, incumpliendo los más elementales principios de actuación de la Administración».
La magistrada añade que entre 2000 y 2001 «se optaría por actuar al margen de la Ley de Presupuestos aprobada, utilizando la vía de las modificaciones presupuestarias», de manera que «se tramitaron por la Consejería de Economía y Hacienda» a la que estaban ligados los tres imputados «siete modificaciones presupuestarias para dotar de fondos a la partida de las transferencias de financiación». «Dichas modificaciones, aprobadas todas ellas por el Consejo de Gobierno, salvo una aprobada por Magdalena Álvarez, ascendieron a la suma de 93 millones», precisa.
“Absoluta inocencia”
Tras conocerse su imputación, Álvarez, en un comunicado remitido a los medios de comunicación, ha insistido en su “absoluta inocencia” y asegura que la fianza “queda totalmente fuera de lugar”, por lo que ya ha avanzado que recurrirá la medida cautelar de la juez Mercedes Alaya.
La vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones recuerda que su imputación no es firme y se reitera en su “total colaboración con la Justicia y la investigación”.