La Fiscalía Anticorrupción va a recurrir al auto en el que la juez Mercedes Alaya investiga el caso de los ERE irregulares ordenó a investigar al Parlamento de Andalucía.
Anticorrupción ha decidido recurrir el auto en el que la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares ordenó a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado que informen sobre «qué pudo conocer» la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz «sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General».
Según agencias, Mercedes Alaya en el auto pidió a la Junta los diarios de sesiones del Parlamento de la sesión plenaria en la que se aprueben los presupuestos anuales entre 2001 y 2010; los diarios de sesiones de la Comisión de Economía y Hacienda en este mismo marco temporal, y la acreditación de que la Consejería de Hacienda y Administración Pública haya remitido al Parlamento, con la periodicidad trimestral que exigen las distintas leyes de presupuestos, los expedientes de modificaciones presupuestarias del programa 31.L de la Consejería de Empleo, desde el año 2000 hasta la actualidad.
En el recurso de apelación interpuesto el Ministerio Público recurre la decisión de la juez Mercedes Alaya porque entiende que la Intervención General «no tiene ni competencias ni funciones sobre la labor encomendada a las Cámaras legislativas, ni estatal ni autonómicas, estando dicha materia fuera del ámbito de competencias y funciones definidos» en el artículo 11 del Real Decreto 256/2012 de 27 de enero por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Por este motivo, Anticorrupción considera que la solicitud de la juez «no es ajustada a Derecho», mientras que, en segundo lugar, recurre el auto al no estar de acuerdo tampoco con la «finalidad» por la que se acuerda la pericia, que fue acordada por Alaya después del escrito presentado al respecto por Juan Carlos Alférez, abogado del exdirector general de IDEA Jacinto Cañete.