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Andalucía

La Junta abre expediente al ‘banco malo’ por incumplir la función social de las VPO

La Consejería de Fomento y Vivienda ha decidido abrir dos expedientes administrativos contra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocido como el banco malo.

La Junta ha explicado que las posibles sanciones derivadas de estos procedimientos ascienden a un máximo de 109,44 millones de euros, siempre que la Sareb no acredite ante la Consejería haber puesto a disposición de los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida los al menos 911 inmuebles de esta tipología que posee en Andalucía.

Según la nota de prensa emitida por el Ejecutivo andaluz, estos registros establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.

El primer procedimiento se debe al supuesto incumplimiento de la disposición adicional séptima de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Vivienda Protegida y Suelo, introducida en su actual redacción por la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda, que establece la obligación de las entidades financieras de aportar a la administración pública inventario de las viviendas protegidas que se encuentren en sus balances.

La Consejería ha notificado a la Sareb el acuerdo por el que inicia el expediente sancionador por infracción muy grave consistente en no comunicar dicho inventario en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la Ley de Función Social de la Vivienda.

Por otro lado, la segunda sanción a la que se expone el ‘banco malo’, por 911 infracciones muy graves, responde a la supuesta vulneración del artículo 20m de la misma Ley de Vivienda Protegida, que establece la obligación de cualquier persona física o jurídica de poner sus viviendas protegidas a disposición de los registros públicos municipales de demandantes.

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Así, la Junta ha enviado a esta entidad un requerimiento oficial de información y documentación acreditativa de la puesta a disposición de sus viviendas protegidas en los Registros. Las sanciones establecidas por la Ley de VPO para sanciones muy graves van de 30.001 a 120.000 euros. Por lo tanto, los procedimientos sancionadores abiertos por la Consejería podrían suponer una sanción de un máximo de 109,4 millones de euros, siempre y cuando quede acreditado que la Sareb no ha puesto sus 911 viviendas a disposición de los Registros.

La Consejería de Fomento y Vivienda ha tenido conocimiento de la existencia de estas 911 viviendas protegidas titularidad de la Sareb que supuestamente incumplen su función social a través de información oficial de la propia sociedad de gestión.

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