El Juzgado de lo Mercantil de Sevilla admitió ayer la propuesta de convenio voluntario de acreedores de la inmobiliaria Contsa, que presentaron el pasado 14 de septiembre pequeños inversores para tratar de recuperar «los ahorros de toda su vida y la garantía de su jubilación».
Sevilla Actualidad. La Unión de Acreedores de Contsa, que reune a buena parte de los inversores de la sociedad inmobiliaria logró ayer que el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla admitiese a trámite su propuesta para recuperar en los próximos años al menos el 50 por ciento de su inversión.
El convenio voluntario de acreedores representa a la mayoría de los 1.653 afectados, en su mayoría de clase modesta, y del capital invertido, y ha conseguido «lo que para muchos parecía una quimera», su aceptación por parte del Juzgado de lo Mercantil que lleva la suspensión de pagos de la inmobiliaria Contsa.
Mediante el convenio, los acreedores pasarían a ser accionistas de Contsa y gestionar sus activos para recuperar «al menos el 50% de la inversión en cinco años y evitar la liquidación de Contsa», según el texto que el abogado de los pequeños inversores, Javier Loscertales, entregó el pasado 14 de septiembre al Juzgado de lo Mercantil de Sevilla.
Como informó Sevilla Actualidad, la medida incluye además un plan de viabilidad para la sociedad de inversión que garantice la recuperación del capital con la terminación de los inmuebles que la inmobiliaria tiene pendientes en Sevilla, Almonte (Huelva) y La Palma del Condado (Huelva).
La inmobiliaria Contsa se encuentra en suspensión de pagos desde febrero de 2008 y, según los administradores judiciales, tiene un déficit de 86 millones de euros entre el activo de 28 millones y el pasivo de 115 millones. Sus inversores, de toda Andalucía, fueron estafados toda vez que acudían a la inmobiliaria atraídos por la promesa de intereses rápidos de hasta un 40 por ciento.
El dueño de la empresa, José Salas Burzón, ingresó en prisión incondicional en octubre de 2008 por delitos de estafa piramidal, apropiación indebida, falsedad y delito societario, a los que la Fiscalía sevillana añadió posteriormente otro delito fiscal.
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