El TC suspende la ley andaluza antidesahucios
La titular de Igualdad, Sánchez Rubio, ha criticado la actitud del Ejecutivo central, cuyo recurso ha provado la paralización cautelar de la ley de la vivienda andaluza. La Junta recurrirá la suspensión.
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha censurado este viernes la «crueldad» que a su juicio ha demostrado el Gobierno al llevar la ley andaluza ‘antidesahucios’ al Tribunal Constitucional y pedir que se paralice -un recurso que ha sido admitido a trámite, lo que ha llevado a la suspensión cautelar-, porque «detrás» de este asunto «hay familias, gente que se queda en la calle», informan agencias.
«Es una muestra más de insensibilidad –del Gobierno– con los colectivos más vulnerables, como son las personas que pueden perder su vivienda», ha clamado la consejera.
Así, ha recordado que el Gobierno andaluz va a recurrir el asunto para solicitar al Constitucional el levantamiento de la suspensión cautelar de los artículos recurridos por el Gobierno contra la Ley de función social de la vivienda porque «no se encuentran en el supuesto» que argumenta el Ejecutivo central, ha argumentado.
Crespo defiende las políticas del Gobierno central ante los desahucios
Por su parte, la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha defendido las medidas impulsadas por el Gobierno de España y aprobadas por las Cortes como “la forma más equilibrada y eficaz de ayudar a las familias” y ha pedido al Gobierno andaluz que “impulse políticas sociales que ayuden a los colectivos más desfavorecidos sin crear inseguridad jurídica”.
La delegada ha destacado que el Gobierno de España fue el primero en legislar contra los desahucios, “siendo sensible a la difícil situación que atraviesan muchas familias españolas y andaluzas como consecuencia de la crisis económica”. Así, en el primer año de legislatura, se impulsó “un primer paquete de medidas urgentes para paliar los efectos del estallido de la burbuja inmobiliaria y ayudar a las familias que no podían hacer frente a sus hipotecas”.
Posteriormente, según ha recordado, el Gobierno promovió en las Cortes una ley antidesahucios, actualmente vigente, que contempla “medidas destinadas a proteger a los más débiles y reequilibrar las posiciones entre deudores y entidades financieras, con respeto a la legislación europea y a los derechos constitucionales”.
Las medidas incluyen “la paralización de los procesos de desahucio por dos años cuando las familias se encuentran en riesgo de exclusión social”, además de un código de buenas prácticas al que se han adherido la mayor parte de las entidades bancarias, posibilidades de renegociación de la deuda, limitación de los intereses de demora y creación de un banco de viviendas para familias desfavorecidas.