La formación asegura que el plan no contiene objetivos en vivienda social, rehabilitación ni alquiler, ni medidas para evitar desahucios o realojar a familias en exclusión.
La vicesecretaria de Ordenación del Territorio del PP andaluz, Alicia Martínez, denunció hoy que los ayuntamientos andaluces están “maniatados” con el Plan Marco de Vivienda presentado recientemente por la Consejería de Fomento.
Al PP andaluz ha celebrado una jornada de trabajo con los delegados de Urbanismo y Vivienda de los municipios de más de 100.000 habitantes, las 8 capitales de provincia, más Jerez, Marbella y Algeciras, todos gobernados por el Partido Popular. En el encuentro, al que ha asistido el presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, se ha estudiado el borrador de dicha plan, un texto que se encuentra en fase de alegaciones hasta el 22 de noviembre.
La vicesecretaria del PP andaluz dijo que el nuevo plan “nace muerto porque no contiene objetivos de vivienda, ni en promoción pública, ni en rehabilitación ni en alquiler”, por lo que lo calificó de una “mera declaración de intenciones”.
Además, denunció que el texto no establezca objetivos, ni fije un marco de financiación, ni compromisos con las entidades financieras. “Para el plan anterior –recordó- el convenio con los bancos fue de 9.550 millones de euros de los que según datos de la propia consejería se ejecutaron 700 millones en total, es decir no alcanza ni al 10%”.
Los responsables de Urbanismo del PP andaluz lamentaron que los consistorios sólo dispongan de dos meses para adaptar sus planes municipales al plan andaluz y que se vean obligados a hacerlo “sin garantías de financiación por parte de la Junta”, lo que, a su juicio, “pone en peligro la ejecución del propio plan”.
Martínez manifestó que todos los responsables de vivienda de los ayuntamientos coinciden en señalar que “llevan un año paralizados porque el plan anterior se ha cerrado en falso, y quedan pendientes muchas ayudas que materializar”. Además, recordó que este año no ha habido plan andaluz, “por lo que no se han podido programar actuaciones en materia de vivienda por parte de los ayuntamientos, que dependen de la Junta que es quien tiene las competencias”.
En materia de vivienda social, Alicia Martínez manifestó que el plan anterior “fue un fracaso en política social de vivienda: el programa de transformación de infravivienda sólo se ejecutó un 16%, no se actuó en la erradicación del chabolismo, y tampoco sirvió para evitar más de 67.000 desahucios en Andalucía de 2008 a 2012”. Respecto al borrador actual, criticó que no regule ningún programa de ayudas para prevenir desahucios no establezcan mecanismos para poner las viviendas sociales de la Junta a disposición de afectados por desahucios y de quienes sufren situaciones de exclusión.
Por ello, hizo hincapié en que, ante la “inactividad” de la Empresa Pública de Vivienda y Suelo “han sido las empresas públicas de vivienda municipales, sobre todo de las capitales, quienes han promovido la vivienda protegida en Andalucía y gestionado el alquiler de viviendas asequibles”.
“Los ayuntamientos están haciendo frente con sus políticas sociales a ayudas para evitar los desahucios del alquiler, o por impagos de hipotecas o dando ayudas para evitar el corte de luz y agua, añadió, algo que están haciendo con sus propios recursos, aún sin tener las competencias, pero siendo sensibles a las demandas de los ciudadanos que van a llamar a la puerta de los ayuntamientos”.
Por otra parte, la vicesecretaria de Ordenación del Territorio del PP andaluz denunció el “antimunicipalismo” del presupuesto de 2014 de la Junta destinado a vivienda, que reduce las transferencias a las Corporaciones Locales en un 61%, pasando de 15 millones en 2013 a 5 millones para el próximo año, maniatando así las posibilidades de actuación de los ayuntamientos”.
“Tampoco contempla aportación autonómica alguna al Plan Marco de Vivienda andaluz, que se financiará tan sólo con los 414 millones de euros asignados a Andalucía en el reparto del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016.
Martínez adelantó algunas de las alegaciones que propondrá el PP andaluz al borrador elaborado por la Consejería, tales como fijar una financiación “seria”, como el plan estatal; ampliar los destinatarios para que no se vean excluidas personas con necesidades de vivienda; eliminar la calificación permanente de la vivienda protegida para garantizar la flexibilidad y acceso a las mismas; o modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para poner en uso los suelos derivados de las reservas del 30% de vivienda protegida por ley así como de las cesiones del 10% a los ayuntamientos.
Además, el PP considera imprescindible incorporar un Plan de Erradicación del Chabolismo en Andalucía; incorporar ayudas para prevenir los desahucios de afectados por impagos de hipotecas y también del alquiler; e incorporar ayudas para las obras necesarias derivadas de las ITE (inspección Técnica de edificios); así como articular los programas necesarios para dar salida al stock de vivienda protegida en venta o alquiler.
“Hasta ahora la Consejería de Fomento ha puesto sobre la mesa un plan falto de diálogo y consenso, especialmente con los ayuntamientos, y también con los agentes sociales, le pedimos que atienda las alegaciones que va a recibir y que cuanto antes se ponga a corregir un plan que está abocado al fracaso, si no se garantiza una programación real con unos recursos reales y evaluables”, concluyó.