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Sánchez Maldonado anuncia que el Gobierno andaluz pondrá en marcha «todos los medios institucionales, políticos y jurídicos para que se aplique el Estatuto».

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha anunciado que el Gobierno andaluz llegará hasta el Tribunal Constitucional para reclamar los 2.243,6 millones de inversión pendientes del «inclumplimiento» por parte del Ejecutivo central de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autnomía de Andalucía, que prevé hasta 2014 que la inversión del Estado en Andalucía, prevista en los Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio, sea equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del país.

Sánchez Maldonado ha informado al Consejo de Gobierno de la reunión mantenida el lunes 11 de noviembre con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, al que trasladó el «compromiso» de la Junta de «no renunciar a esta reivindicación y poner en marcha todos los medios tanto institucionales, como políticos y jurídicos necesarios para conseguir que se aplique el Estatuto».

El consejero de Economía se ha mostrado convencido de que «imperará la razón y la justicia» y que «esta reivindicación se cumplirá», al tiempo ha apostado por una solución dialogada. «Pensamos que es mejor llegar a un acuerdo, pero la Junta apurará todas las posibilidades que le ofrezca el aparato jurídico de nuestro país. El último paso será el Tribunal Constitucional», ha insistido.

Por otra parte, Sánchez Maldonado ha animado Cristóbal Montoro a «ser el primer ministro que cumpla con la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Andalucía, «reconociendo el 17,9% de la población andaluza en el montante de inversión territorializada». A su juicio, esto supondría «unos 50 millones de euros más al año», que podrían destinarse, en su opinión, a un proyecto «estratégico europeo, nacional y regional» como el Corredor Ferroviario Central entre Algeciras (Cádiz) y Bobadilla (Málaga).

Para el consejero, esta infraestructura es «fundamental no sólo para Andalucía, sino también para Castilla la Mancha y Madrid, y en general para Europa». En este sentido, ha subrayado que en 2013 y 2014, la Administración del Estado tiene prevista una inversión de 3.200 millones en el Corredor Ferroviario Mediterráneo «desde la frontera francesa hasta Murcia» –una red que también beneficia a Andalucía-, por lo ha instado al Ejecutivo de la Nación a demostrar que «las infraestructuras andaluzas y Andalucía le interesan».

Fondo de Compensación Interterritorial y Navantia

Junto a la cuestión de la DAT, el titular de Economía ha solicitado al ministro de Hacienda que en próximos ejercicios se potencie y mejore la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), un instrumento que, según Sánchez Maldonado, «ha sido básico para contribuir al desarrollo de las regiones» y cuyo peso ha ido disminuyendo en los últimos años.

En esta línea de potenciar también la convergencia territorial, Sánchez Maldonado ha pedido a Montoro que el reparto de los fondos del próximo marco europeo que entrará en vigor a partir de 2014 se haga «con criterios transparentes y en consenso con todas las autonomías, de manera que el reparto sirva para apuntalar el proceso de solidaridad interterritorial».

Respecto a Navantia, el consejero ha pedido una vez más al ministro carga de trabajo para la empresa, que cuenta con unos astilleros en la bahía gaditana. Sánchez Maldonado ha recordado que la Junta ya realizó esta solicitud en julio de este año durante otro encuentro con Montoro, tras el cual se logró la constitución de una mesa para el desarrollo de la industria naval alrededor de Navantia, aunque hasta el momento se está a la espera de nuevos contratos.

Según el consejero andaluz, Montoro ha afirmado que ninguno de los posibles contratos que están sobre la mesa ha desaparecido y que el Gobierno no se plantea dejar que decaiga la actividad de Navantia, una empresa que considera estratégica.

Publicación de las balanzas fiscales

Por último, Sánchez Maldonado ha considerado «totalmente acertado» que no se publiquen las balanzas fiscales territoriales ante la intención del Gobierno central de retrasar su salida. En su opinión, estos análisis «son un mero ejercicio académico de sumar y restar variables y el saldo ofrecido es el esperado: los territorios con más renta que aporten más a la administración presentarán déficits y las regiones más pobres tendrán superávit por recibir una inversión basada en la población». «Me parece totalmente acertado no que se retrasen, sino que no se publiquen nunca», ha concluido.

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