rueda teleasistencia 6 noviembre 008

La Junta cumple el doble objetivo de prestar este servicio y fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad a través de la empresa Proazimut, que instala y mantiene los dispositivos domiciliarios.

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha asistido este miércoles a la firma de un contrato entre la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía con la empresa Proazimut S.L. para la instalación y el mantenimiento de los dispositivos domiciliarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia (SAT).

Sánchez Rubio ha reafirmado la apuesta del Gobierno andaluz por este servicio, que ha gestionado desde su creación en 2002 más de 37 millones de llamadas y que está operativo las 24 horas los 365 días del año con sólo pulsar un botón desde los hogares de las personas beneficiarias.

Sánchez Rubio, que ha ofrecido una rueda de prensa junto con el gerente de Proazimut, José Luis Pérez Álvarez, ha puesto en valor este contrato, puesto que, además de garantizar durante dos años el citado servicio técnico de instalación y mantenimiento de dispositivos, fomenta la inserción laboral de personas con discapacidad, ya que los trabajadores que desempeñarán esta labor forman parte de este colectivo.

En concreto, el montante del acuerdo suscrito con esta empresa para el citado servicio asciende a 9,2 millones de euros. La titular de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha resaltado la importancia que dicho contrato tiene desde el punto de vista de la rentabilidad social y de la promoción de la igualdad de oportunidades.

Un total de 110 de los empleados de la empresa Proazimut que han sido especialmente formados para esta tarea son los que instalarán los dispositivos y realizarán las labores de mantenimiento necesarias para que las consolas y los colgantes a través de los que se presta la Teleasistencia funcionen adecuadamente. El 72% de ellos son personas con discapacidad. Para casos de averías urgentes la respuesta de la empresa se producirá en un máximo de 48 horas.

Por provincias, Sevilla tiene el mayor número de personas titulares de este servicio con 44.000, seguida de Málaga con 27.465, Cádiz con 24.253, Córdoba 21.562, Granada 21.350, Jaén 18.816, Huelva 10.148 y Almería 10.345.

Cobertura a más de 227.300 personas

No obstante, son muchas más personas las que se benefician en Andalucía de este Servicio, ya que hay que añadir, como personas beneficiarias del SAT, a aquéllas que conviven con los titulares y que también tienen más de 65 años, así como a los cuidadores y las cuidadoras de las personas en situación de dependencia que, de igual manera, también disfrutan de las prestaciones del SAT, puesto que pueden hacer uso del dispositivo de teleasistencia y se les presta la misma atención. Teniendo en cuenta a todas estas personas beneficiarias, el SAT daría cobertura en la actualidad a 227.300 andaluces y andaluzas.

A este servicio de teleasistencia pueden acceder las personas residentes en Andalucía mayores de 65 años con el único requisito de ser titular de la Tarjeta Andalucía Junta Sesentaycinco, personas en situación de dependencia que tengan prescrita la Teleasistencia en su Programa Individual de Atención y las personas con más del 65% de discapacidad entre los 16 y los 65 años de edad.

Llamamiento al Gobierno central

Asimismo, la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha reclamado al Gobierno de España que cese en los continuos recortes de políticas sociales y de prestaciones como la Teleasistencia. En este sentido, la consejera ha puesto en contradicción la decisión del Gobierno central de retrasar la entrada de personas en situación de dependencia moderada en el sistema hasta 2015 con la importancia que tiene especialmente la prestación de la Teleasistencia para las personas con este grado de dependencia.

La titular de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha subrayado que la Teleasistencia es especialmente útil para la autonomía de las personas que se encuentran en este tipo de situaciones –valoradas como Grado I– y ha exigido al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy que desbloquee el acceso de estos dependientes a la Ley, demorado actualmente hasta 2015.

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