La consejera de Justicia, Begoña Álvarez, ha expuesto que se deben llevar a cabo políticas de «austeridad» mediante la reorganización de los servicios de notificaciones y embargos. Así, ha explicado que los desplazamientos de los trabajadores de los juzgados y tribunales andaluces se hagan en autobús en lugares donde exista red de transporte público, sustituyendo así al servicio de taxi. Según la consejera se ahorrarán dos millones de euros.
Sevilla Actualidad. La consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Begoña Álvarez, ha explicado que su departamento continúa apostando por llevar a cabo políticas de ‘austeridad’, y por ello aboga por una ‘reorganización’ de los servicios de notificaciones y embargos, que según Álvarez, permitirá ahorrar dos millones de euros para invertir en la creación de 40 puestos de trabajo y en otras medidas mejoren la Justicia.
La consejera ha dicho que “no se ha modificado ni un punto” de la instrucción del 29 de julio que regula la utilización de medios de transporte para actuaciones judiciales. Es por ello que ha explicado que las notificaciones se harán en autobús en los lugares donde exista red de transporte público.
Así, Álvarez expresó que “Es obvio que el taxi se utilizará para llegar a aquellos lugares a los que no tiene acceso el autobús, como es el caso de la cárcel de Sevilla, por ejemplo”.
Esta medida de ‘austeridad’ fue puesta en conocimiento de la Comisión Mixta Junta de Andalucía-Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el pasado 21 de julio y está en la línea del trabajo conjunto que la consejera Begoña Álvarez y el presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, pusieron en marcha para impulsar conjuntamente el cambio necesario en la Administración de Justicia.
La consejera ha sostenido que todas las medidas adoptadas implican “un cambio de cultura” porque, según apuntó, son necesarias políticas “responsables y eficaces” en un modelo que “lleva funcionado igual desde 1870”. Álvarez ha añadido que su departamento está trabajando en un plan de reorganización de los servicios de notificaciones y embargos que, además de un ahorro económico para las arcas públicas, dotará de “más eficacia” a dichos servicios.
Finalmente, la consejera ha recordado que las delegaciones provinciales de la Consejería de Justicia y Administración Pública serán las encargadas de valorar la autorización para el uso del servicio del taxi en aquellas circunstancias que consideren oportunas.
CCOO apuesta por incrementar el personal
El sindicato ha planteado a la delegación provincial de la Consejería de Justicia de Sevilla un conjunto de propuestas para racionalizar el gasto y evitar perjuicios en el servicio público. Así, Comisiones Obreras (CCOO) busca solucionar los problemas derivados de la restricción en el uso del taxi para la práctica de diligencias judiciales.
Hoy se llevará a cabo una reunión entre CCOO y el resto de sindicatos con la delegada provincial para tratar de encontrar soluciones a la citada cuestión, planteada por la Consejería de Justicia.
Para el servicio común de notificaciones y embargos de Sevilla, el sindicato ha propuesto incrementar el personal que realiza tales diligencias fuera de la sede judicial, incorporando así a los 10 funcionarios del juzgado que realizan tareas para el Colegio de Procuradores y que, según CCOO, éstas deben ser llevadas a cabo por trabajadores del propio Colegio.
Asimismo, el sindicato apuesta por mantener la utilización del taxi para las comisiones judiciales, pero trasladando a cuatro funcionarios y no dos como se hacía hasta ahora. Además, piensa que se debe mantener el uso del taxi para diligencias que han de ser practicadas por un solo funcionario en zonas mal comunicadas o conflictivas, así como seguir utilizando los tres taxis que se usan para la práctica de diligencias en términos municipales de El Madroño, Gerena, Alcalá del Río, La Rinconada, La Algaba, Valencia de la Concepción, Camas, Gines, Bormujos, Tomares o Gelves, entre otros.
De otro lado, con respecto a las diligencias judiciales de Sevilla capital, el sindicato cree que han de realizarse en taxi o vehículo oficial aquellas lleven a cabo el traslado de funcionarios al Centro Penitenciario de Sevilla, a los tres juzgados de guardia, a citaciones y notificaciones personales realizadas por los juzgados de instrucción y secciones penales de la Audiencia Provincial en zonas conflictivas o mal comunicadas en Sevilla, como las citadas anteriormente.
Además de otros casos, CCOO también solicita que se exceptúen del traslado a pie o en autobús las diligencias en las que el desplazamiento a pie exceda de 500 metros o el volumen de los expedientes que hayan de ser trasladados exceda de 500 folios.
CCOO advierte que en caso de no darse una solución satisfactoria “propondrá a los funcionarios que se nieguen a practicar las diligencias en las zonas que no estén comunicadas con transporte público colectivo”.
Sanlúcar suspende la ejecución de diligencias de calle
Así lo explicó el decano de tal partido judicial, Francisco Javier Carretero Espinosa, quien señaló que la situación que se está viviendo en los pueblos de la provincia «es mucho peor» que en la capital hispalense, pues «hay lugares a los que no se puede llegar en autobús, como polígonos industriales o urbanizaciones».
Además, Carretero explicó que se están paralizando los embargos, «incluso no se ha podido llevar a cabo un embargo de tres millones de euros», criticando en este sentido a la Consejería, ya que si “no da dinero para que se puedan coger taxis, tendría que haber dado alternativas”.
Es por ello que el juez decano ha enviado un escrito explicando la solución adoptada por el Partido Judicial de Sanlúcar la Mayor. En la misiva señala que la instrucción emitida por el departamento de Begoña Álvarez ha causado «perplejidad» tanto en los integrantes del poder judicial del Partido Judicial de Sanlúcar como en los funcionarios y profesionales que diariamente desarrollan su función en este partido.
De este modo, Carretero indicó que la red de transporte público colectivo «es absolutamente insuficiente al existir localidades, urbanizaciones o polígonos industriales sin parada de autobús o con escaso horario, siendo necesario trasladarse a la estación de autobuses de Sevilla capital para acceder a otras».
Ante el planteado problema, el juez decano ha solicitado a la Delegación Provincial «medio de transporte para poder realizar adecuadamente la actividad judicial», incidiendo en que, «ante la imposibilidad de cumplimiento de las actuaciones judiciales, se ha suspendido la ejecución de cualquier diligencia de calle que no se circunscriba a los alrededores del edificio judicial».