Critica que el Gobierno andaluz afronta unos presupuestos determinados por las imposiciones de La Troika y el Gobierno central que incumple el Estatuto al no respetar el criterio de población.

La formación que gobierna Andalucía en coalición con el PSOE ha mostrado disconformidad con el Gobierno central ya que “castiga a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos al imponer un objetivo de déficit que es inasumible”.

Así, IU reconoce ser consciente de que “en este contexto los márgenes de maniobra reales para hacer políticas de izquierdas al servicio de la mayoría social en un presupuesto autonómico son verdaderamente escasos” y asumen el reto de intentarlo porque “el presupuesto de la Junta de Andalucía no puede ser una mera gestión de las miserias presupuestarias que nos deja La Troika y el Gobierno del PP”, aclaran.

La formación política critica en un comunicado que “el PP no persigue el fraude fiscal y sigue regalando el dinero público a los bancos. 70.000 millones de euros que podrían entrar en las arcas públicas si el Gobierno de Rajoy y de Montoro dejara trabajar a los inspectores fiscales. Con ese caudal de dinero se podría evitar gran parte de los recortes que estamos sufriendo. Pero no contentos con facilitar el fraude fiscal tendremos que pagar 36.000 millones de euros como mínimo de rescate bancario, más las obligaciones de la deuda “pública”,

Izquierda Unida asegura que “bajo este enfoque afrontamos el debate de los presupuestos andaluces con un recorte presupuestario de 1.200 millones sobre el presupuesto anterior” para lo que, afirman, hay prioridades como la Sanidad, Educación y Servicios Sociales; el mantenimiento de las plantillas de los servicios públicos; los salarios y las condiciones de trabajo de los empleados y empleadas públicos; la puesta en marcha de una renta mínima de inserción social familiar para las familias con todos sus miembros en desempleo y que hayan agotado todas las prestaciones; la apuesta por la Banca Pública con una consignación no menor a 20 millones de euros; apuesta por el Patrimonio Agrario Andaluz y un Plan de Empleo administrado por los Ayuntamientos con especial atención a los sectores más débiles.

En cuanto al capítulos de ingresos, Izquierda Unida  afirma que es necesaria y urgente “una reforma fiscal progresista que es competencia estatal y no autonómica. Pero dentro de las competencias propias hay aspectos mejorables que tenemos que poner en valor”.

Propone, como ejemplo, “Impuestos y Tasas autonómicas que estando aprobadas no se recaudan o tienen un nivel de recaudación bajísimo, como son el Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales; el Impuesto sobre tierras infrautilizadas; el Impuesto sobre depósito de residuos peligrosos; el Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera; el Impuesto sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito; el Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma; el Impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso o el Impuesto sobre depósitos de residuos radiactivos”

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