La juez Mercedes Alaya ha pedido una fianza de 7.282.653,31 euros para el exviceconsejero de Empleo de la Junta, Justo Mañas, que se ha acogido a su derecho a no declarar. La magistrada le imputa tres delitos de prevaricación, malversación y omisión del deber.
Fuentes del caso han informado de que la Fiscalía anticorrupción le ha imputado presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y omisión del deber de perseguir delitos, tras lo que el imputado se ha negado a declarar y se ha celebrado la correspondiente comparecencia de medidas cautelares.
Según agencias, durante esta comparecencia Alaya ha solicitado una fianza civil de 7,2 millones de euros para el exalto cargo, petición a la que se ha adherido el sindicato Manos Limpias, mientras que la acusación que ejerce la Junta ha considerado que no es necesario que se le imponga fianza civil alguna.
Anticorrupción también ha pedido que se le retire el pasaporte y que comparezca ante el juzgado de manera periódica. De su lado, el abogado del imputado ha defendido que todas las actuaciones de su patrocinado estuvieron avaladas por los informes de los servicios jurídicos de la Junta.