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Comienza a tramitarse el anteproyecto de Ley del Consejo de Concertación Local

La futura norma adaptará las funciones del órgano de cooperación entre la Administración autonómica y los municipios al objetivo de reforzar la autonomía local.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la tramitación del anteproyecto de la nueva Ley del Consejo Andaluz de Concertación Local, que sustituirá a la vigente desde 2007 por la que se creó y reguló este órgano consultivo de colaboración institucional entre las entidades locales y la Junta de Andalucía. La futura norma reforzará sus funciones y avanzará en el reconocimiento del papel del municipalismo, frente a la supresión de competencias que recoge el proyecto de reforma de la Administración local promovido por el Gobierno de España.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha defendido el municipalismo como “un elemento fundamental en la cohesión social de la comunidad”, y ha destacado que, en contraposición al “retroceso y limitaciones” de la reforma local del Gobierno central, el anteproyecto andaluz permitirá reforzar la relación entre los gobiernos locales y la Junta de Andalucía.

Una de las novedades del nuevo texto será la aplicación del consenso como regla general para la adopción de acuerdos, respondiendo así a la naturaleza del Consejo como órgano de diálogo de composición paritaria y mixta.

Asimismo, se incorporan diversas previsiones de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y se delimitan las competencias entre el Consejo Andaluz de Concertación Local y el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales para evitar duplicidades de funciones. En efecto, este otro órgano consultivo, de composición exclusivamente municipal y provincial, y creado por la Laula con el fin de garantizar la autonomía local, tiene atribuidas algunas competencias que venía desempeñando el Consejo de Concertación y que ahora asumirá de forma efectiva. En coherencia con ello, la futura norma le reservará la función de informar anteproyectos de ley, proyectos de disposiciones generales y planes, mientras que el órgano mixto de concertación sólo intervendrá en caso de discrepancias. Con ello se promoverá el acercamiento de posturas mediante la concertación y se evitará recurrir a los tribunales cada vez que surjan discrepancias entre las administraciones autonómica y local.

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Valderas ha señalado que el nuevo texto regulará las relaciones institucionales entre los ayuntamientos y la comunidad autónoma, con el fin de buscar “el consenso y la colaboración permanentes”.

El anteproyecto, que ajusta la regulación de ambos órganos para garantizar su compatibilidad, consta de 11 artículos, una disposición adicional, una derogatoria y una final. El texto recoge expresamente las funciones que atribuye la Laula al órgano mixto de concertación.

Respecto a las sesiones del Consejo Andaluz de Concertación Local, el vicepresidente ha manifestado que, al tratarse de un órgano paritario, se convocarán cuando una de las dos partes lo decida. Además, ha subrayado que, aunque habrá al menos una anual, el objetivo es “doblar esa presencia y ritmo de trabajo”.

La Ley de Autonomía Local de Andalucía, a la que se adapta el anteproyecto del Consejo Andaluz de Concertación Local, fue la primera en España que redujo la tutela previa de la Administración autonómica y otorgó a los municipios plena decisión sobre cómo organizan sus territorios, de qué forma se asocian con otros entes locales y qué mecanismos utilizan para prestar sus servicios. Entre otras disposiciones, delega competencias autonómicas, delimita las 29 que son propias de los entes locales y fija los procedimientos para nuevas transferencias de gestión. Los gobiernos locales pasan así de ser meros administradores a sujetos activos en la gestión de sus políticas.

La Laula se complementa con la Ley Reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los Tributos Autonómicos, norma que desde 2011 obliga a la Administración autonómica a garantizar una financiación suficiente e incondicionada, es decir, respetando la autonomía de los municipios para decidir el destino de los recursos que reciben.

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