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La juez Mercedes Alaya ha imputado a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta, Magdalena Álvares, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

La exministra de Fomento se personó este martes en los Juzgados de Sevilla para ser interrogada por la juez Alaya. Según informaciones proporcionadas por agencias, los abogados personados en la causa han informado de que este interrogatorio se ha llevado a cabo en un ambiente “de tranquilidad”.

Magdalena Álvarez ha sido preguntada sobre el sistema de las transferencias de financiación utilizado para el pago de las ayudas que son objeto de la investigación, la política ha contestado que dicho sistema ya estaba instaurado en otras comunidades autónomas y que no lo había inventado ella sino que era “una transposición de normas españolas”.

Cabe recordar que en el auto del pasado mes de junio, Mercedes Alaya imputaba a Álvarez junto a otros 19 exaltos cargos del Ejecutivo andaluz. La juez sentenciaba que la exconsejera “fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003”, no obstante lo cual “la transferencia de financiación venía utilizándose para el pago de ayudas sociolaborales desde 1999 a 2001, anualidades en las que las citadas transferencias no se citaban en las leyes de presupuestos como concepto de financiación, pero los créditos para pagos de las ayudas sociolaborales a través de las citadas transferencias se realizaban mediante modificaciones presupuestarias”.

La juez recuerda que, conforme a la Ley, “corresponde al consejero de Hacienda velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la hacienda de la comunidad, ejerciendo las acciones económico-administrativas y cualquiera otras que la defensa de tales derechos exijan, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia”, motivos por los que imputó tanto a Álvarez como a su entonces viceconsejero, José Salgueiro, que se acogió el pasado jueves a su derecho constitucional a no declarar.

Los abogados personados este martes en los Juzgados han indicado a agencias que Mercedes Alaya ha imputado a la exconsejera de la Junta dos presuntos delitos de malversación y prevaricación. Magdalena Álvarez ha negado haber recibido presiones para permitir el sistema de los ERE y conceder las ayudas para solucionar la tensión social en empresas en crisis. Además, Álvarez ha defendido la legalidad de las ayudas y ha dicho que no se debe confundir la herramienta presupuestaria con el uso que se hacía de ella.

La vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones ha defendido la legalidad de este sistema de transferencias de financiación y ha precisado que ella a continuación ignoraba el uso que la Consejería de Empleo hacía de ellas.

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Equipo de redacción de Sevilla Actualidad